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En un país como el nuestro, que lucha por reducir la velocidad a la que suben los precios y adecuar la inflación al rango objetivo trazado por las autoridades, un país con historia de subas anuales de precios de dos y hasta tres cifras, puede parecer incomprensible el dilema que enfrentan las autoridades europeas, de evitar un escenario de deflación, es decir, de baja sistemática y generalizada de los precios al consumo.

Si hacemos un ránking de países, Uruguay se encuentra en el grupo de mayor inflación. Eso no quiere decir que, en la otra punta del ránking las autoridades de esos países estén cantando victoria. En Chipre y en Grecia, ambos pertenecientes a la zona del euro, el año cerró con una caída de 1,3% y 1,7% en sus precios, respectivamente respecto a diciembre de 2012. En toda la zona euro la inflación se ubicó, en promedio, en apenas 0,8%, muy por debajo del objetivo de 2%. En ese mismo período, los precios al consumo en Uruguay subieron 8,5%.

Los males de la inflación son bien conocidos por los uruguayos. En primer lugar, reduce la capacidad de consumo de las familias. Si bien los salarios se ajustan periódicamente, entre ajuste y ajuste la inflación reduce el poder adquisitivo. Además, perjudica a aquellos trabajadores que no se benefician de esos ajustes, como aquellos que trabajan en negro, que son además los que pertenecen a los sectores de menores ingresos.

La inflación genera además incertidumbre a los empresarios para la proyección de su actividad y por lo tanto, para la realización de inversiones. En un esquema donde los precios suben muy deprisa, es difícil estimar qué pasará puntualmente con el precio de los insumos (en especial los salarios) y del producto o los servicios que ofrece la empresa.

En el otro extremo, la deflación que intentan evitar las autoridades europeas es también perjudicial para sus economías. La deflación genera dos problemas terribles cuando el crecimiento se estanca y la economía se encuentra endeudada. En primer lugar, la caída de los precios sistemática afecta las decisiones de consumo, postergándolas e incentivando el ahorro. Si los bienes y servicios van a salir más baratos mañana, ¿por qué apurarme a comprar hoy?

A la vez, desincentiva la toma de financiamiento porque lo encarece. La baja de precios, contraria a la inflación, implica que el dinero cada vez tiene una mayor capacidad de compra y por lo tanto, comprar a crédito se hace más caro, porque las cuotas cada vez pesan más con el paso del tiempo.

Visto desde el lado del gobierno, eso implica que la deuda asumida cada vez se hace más pesada. La inflación es uno de los canales que encuentran los gobiernos en problemas para reducir el peso de la deuda. La suba de precios aumenta la recaudación y por lo tanto, aumenta la capacidad del Estado para hacer frente a sus obligaciones. Sin embargo, si los precios bajan, la recaudación del Estado se debilita y por lo tanto, se le hace más difícil enfrentar la deuda, que es uno de los principales problemas que afectan a las economías del viejo continente.

La estabilidad de los precios implica un escenario en el cual la inflación se mantenga en un nivel reducido y controlado, en equilibrio con otras variables macroeconómicas como son el crecimiento de la actividad y el nivel de empleo. Se trata de un difícil equilibrio que desafía a la pericia de las autoridades económicas de todo el mundo. En materia de inflación no siempre menos es más, ni más es menos.
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