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La justicia laboral condenó a la empresa autogestionada Envidrio a pagarles a ocho de sus extrabajadores un total de $ 1.240.000 (US$ 33.155) en un plazo de dos días, según informó el periodista Alejandro Amaral y confirmó El Observador al acceder a la sentencia de la jueza Rossana Canclini.

"La empresa reconoció el salario vacacional, licencias y el aguinaldo que debían", dijo el abogado Pablo Cafferelli, quien señaló que el juicio sigue, porque falta que la justicia se expida en relación a otros rubros que los trabajadores también reclaman entre los que mencionó "despidos indirectos, despidos abusivos, una rebaja de los salarios del año 2013, la falta de aumento salarial desde enero de 2015 de acuerdo a los consejos de salarios y el no pago de lo que ellos llamaban 'horas solidarias".

Esas "horas solidarias" eran un trabajo extra que la cooperativa exigía a sus funcionarios pero que no solo no se compensaba, sino que incluso la empresa descontaba el sueldo a quienes no lo hacían.

Si la justicia se pronuncia de nuevo a favor de los demandantes en ese reclamo, la cooperativa –que no está operativa desde 2016, cuando dejó de funcionar el horno– deberá abonar un monto cercano a los $ 20 millones (US$ 540.540), dijo Caffarelli.

Y además, queda también por definirse la situación de Leonardo Ferreira, Claudio Paulero y Nicolás Rodríguez, quienes reclaman una deuda de $ 2.5 millones (US$ 67.567). El expediente lo tiene la Suprema Corte de Justicia, en recurso de casación, por lo que falta el pronunciamiento del máximo órgano judicial.

Crimen Organizado

Los trabajadores iniciaron la demanda en mayo de 2019, meses después de que Ferreira, Paulero y Rodríguez denunciaran en la justicia penal que la empresa obligaba a sus empleados a seguir trabajando mientras estaban en seguro de paro.

Los tres trabajadores sostuvieron que el diputado del MPP Daniel Placeres –uno de los fundadores de Envidrio– asistía frecuentemente a la empresa, y que incluso fue él quien los presionó para trabajar en negro estando en seguro de paro. 

Por su parte, el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó el procesamiento contra el diputado en mayo de este año por el delito de conjunción de interés privado y del público. En consideración del fiscal, Placeres continuó dirigiendo la empresa aun luego de haber renunciado al cargo de directivo que tenía en la cooperativa, y desde el Parlamento hizo gestiones para beneficiarla. Y no lo hizo “por razones históricas o sentimentales como se alega, sino en un rol directriz y de gestión en varias áreas de la empresa ya sea operativas, de producción o de los recursos humanos”, argumentó Pacheco al pedir su procesamiento, sino como “presunto autor penalmente responsable de un delito de conjunción del interés personal y público”.

Placeres renunció a su banca tres días después por lo que perdió los fueros parlamentarios, y ahora falta que la justicia –hubo un cambio de magistrado a cargo del caso– se pronuncie a favor o en contra de la solicitud del fiscal. 

 

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