Sin embargo, mejorar el sistema penal no implica que se traduzca en una mejora de la seguridad pública. "No hay que generar falsas expectativas respecto a lo que puede ser el sistema", indicó Arellano. De todas maneras, lo que sí puede traer la reforma es detener "fenómenos delictuales" a tiempo. Es decir, si una persona denuncia el robo de su celular, aunque la causa se archive, podrá servir de insumo para perseguir a una organización de delincuentes dedicada a ese tipo de robos.
"Es lo que se llama persecución penal inteligente. Es tener información para no tratar los casos aisladamente. Es importante que se entienda que cuando hay poca información (sobre un hecho) no tiene sentido seguir indagando en eso, pero sí se puede investigar un fenómeno", señaló Arellano.
Esa línea es la que defiende el fiscal de Corte, Jorge Díaz, principal impulsor del estatuto de fiscales promulgado hace pocos días, que indica que deben haber directrices sobre las cuales los magistrados deben regirse. Para Díaz, es necesario perseguir "los mercados de ilícitos" y no solo los delitos de manera aislada. En ese marco, las denuncias cobrarán aún más relevancia de la que tienen actualmente.
De hecho, según la experiencia de los países de la región donde ya se llevó a cabo una reforma procesal penal, se estima que las denuncias penales aumentarán 30% cuando se comience a implementar el nuevo código. Eso, destacó Arellano, no significa que haya un aumento en los delitos, sino "mayor toma de conciencia sobre la importancia de la denuncia".
A nivel penal existe la llamada "cifra negra", que es la diferencia entre los delitos que se cometen y los que se denuncian. En sistemas de Justicia viejos, la población comienza a perder confianza y denuncia menos, lo que hace que la brecha entre denuncias y casos aumente. "Cuando entran los nuevos sistemas lo que ocurre es que, como se insiste a las personas que denuncien y hay más cobertura, hay más denuncias. Por lo tanto, se achica la cifra negra", explicó Arellano.
Problemas conscientes
Así como el 16 de julio retumba en la cabeza de las autoridades, también lo hace la posibilidad de que a partir de ese día –y durante un tiempo– el nuevo CPP traiga más problemas que soluciones. "Todo lo que tiene que salir mal, va a salir mal", dijo sobre el código el nuevo presidente de la SCJ, Jorge Chediak, durante su acto de asunción a principios de mes. Cuando Arellano escuchó la frase, sonrió y asintió.
"Están en una ruta crítica en que va a haber la necesidad de hacer muchos esfuerzos para prepararse para cuando comience a funcionar el sistema. Hay aprendizajes, formas de trabajo y prácticas que hay que seguir instalando", dijo. Para el experto, lo más importante es que exista un "cambio cultural", tanto en quienes se encargan de hacer cumplir el código como en quienes deben exigir que se cumpla.
Las claves
Principales reformas
* Fiscal. Es quien se encargará de dirigir la investigación y trabajará junto con la Policía. Deberán investigar bajo las directrices generales que les dará el fiscal de Corte, y actuar de manera "pronta, eficiente y oportuna". Podrán pedir el archivo del caso en cualquier momento.
* Juez. Será quien presida las audiencias. Ya no estará a cargo de las investigaciones ni dirigirá a la Policía.
* Inocencia. El nuevo código tiene como uno de sus pilares fundamentales la presunción de inocencia. Eso significa que "ninguna persona a quien se le atribuya un delito debe ser tratada como culpable, mientras no se establezca su responsabilidad por sentencia ejecutoriada", según indica la ley. La prisión pasará a ser la excepción y no la regla.
* Público. Las audiencias pasarán a ser públicas y orales, salvo excepciones. El juez escuchará a las dos partes en la audiencia y, con las pruebas a la vista, resolverá.
*Defensa. El indagado tiene derecho a tener un defensor desde el primer momento.
* Víctima. Es una de las principales novedades del nuevo proceso. La víctima podrá estar presente en la audiencia asesorada por un abogado y proponer pruebas.
Los cambios procesales en la región
Cuatro países que modificaron su sistema hace más de 10 años
Se dice que Uruguay siempre llega tarde a todo y en materia de proceso penal esa sentencia se cumple. Mientras que la mayoría de los países latinoamericanos dejaron atrás sus viejos procesos inquisitivos para pasar a un sistema acusatorio más garantistas en la primera década del siglo XXI, Uruguay lo pondrá en marcha luego de la feria judicial de julio. El otro país de América Latina que viene trabajando para reformar su proceso penal es Haití, mientras que Brasil ni se plantea aún un cambio. Un trabajo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas relevó los países dónde sí se aplicó para conocer qué dificultades y los desafíos que debieron enfrentar. El Observador eligió cuatro casos.
Chile
Año de la reforma: 2000
Implementación: entre el 2000 y 2005
De un sistema arcaico a uno moderno
La reforma del procedimiento penal en Chile dio un giro a su sistema de Justicia. Hasta que se puso en marcha el nuevo código, el país se basaba en una forma inquisitiva de juzgar, con un juez que investigaba, juzgaba y dictaba sentencias, lo que derivaba en procesos lentos y con pocas garantías. Previo a la reforma, que implicó pasar a un sistema acusatorio liderado por fiscales, una causa podía llegar a durar 288 días. Diez años después de la reforma, el promedio es de 186, según un relevamiento del Ministerio de Justicia. Además, la población penal con prisión preventiva llegaba a 48,5% y al 30 de abril de 2015 ese porcentaje descendió a 12%.
Ecuador
Año de la reforma: 2000
Implementación: 2001
Problemas luego de la reforma
El caso de Ecuador es un ejemplo de cómo por sí solo un código de proceso penal moderno no logra mejoras. Según una investigación realizada por el Centro de Estudios Jurídicos de las Américas, es el país con menos fiscales y defensores públicos por habitantes en América Latina. Una de las principales trabas que tuvo fue la falta de recursos para instalar un sistema con audiencias orales. De todas maneras, con la reforma hubo una mejora en algunas regiones del país, como en Cuenca, donde se logró reducir de 64% a 30% los presos sin sentencia.
Buenos Aires (Argentina)
Año de la reforma: marzo 2007
Implementación: setiembre 2007
Mayor trabajo en las fiscalías
En tan solo dos años desde que se implementó la reforma, los fiscales recibieron 75% más de casos de lo que tenían con el viejo proceso. Tal como sucedía en otros países, en el viejo los jueces interrogaban, citaban a testigos e indagados y condenaban, sin que tuviera que haber intermediación alguna. Con el nuevo sistema, las dos partes se enfrentan y hay principios sobre los que se deben basar los fiscales –encargados de la investigación– que están preestablecidos. En consecuencia, las fiscalías comenzaron a tener más trabajo.
Panamá
Año de la reforma: 2008
Implementación: 2011
Mejoras en los indicadores
El principal objetivo de la reforma procesal penal panañema fue agilizar los procesos y lograr que las personas imputadas pudieran esperar en libertad (si no habían cometido delitos gravísimos) mientras seguía el proceso, así como permitir a las víctimas ser parte del mismo. Según un relevamiento del Centro de Estadísticas Judiciales de ese país, el sistema penal acusatorio que se comenzó a implementar provocó que las audiencias pasaran de durar 37 minutos en 2011 a 32 en 2014 y que hubiera una disminución de 77% de los detenidos con prisión preventiva. A su vez, la cantidad de audiencias bajó a casi un tercio.
