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Desde que se puso en marcha el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) en agosto de 2009, y hasta el mismo mes de 2012, el Estado tuvo que aportar más de US$ 770 mil para cumplir con las indemnizaciones por daños físicos de las personas accidentadas en ese período por vehículos que no tenían contratado el servicio o no estaban identificados. La ley que creó el seguro establecía que así debía ser durante los primeros tres años de ejercicio. A partir de agosto de 2012, son las empresas aseguradoras designadas para cada caso por el Banco Central las que tienen que asumir el pago a las personas accidentadas en siniestros sufridos por vehículos sin el SOA.

En los primeros tres años casi 300 casos fueron atendidos con fondos públicos, según se desprende de las resoluciones de la Presidencia publicadas en el sitio oficial del Poder Ejecutivo, procesadas por El Observador. De la suma de los pagos que quedaron registrados en los documentos (todos firmados por el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa), se llega a la cifra de $ 14.586.811, lo que representa más de US$ 770 mil según la cotización de ayer ($ 18,9). El Estado aún se hace cargo de las indemnizaciones de accidentes ocurridos en esos primeros tres años de ejercicio.

Los automóviles y camionetas particulares asegurados en Uruguay llegaron a 67% del parque automotor el año pasado, pese a ser obligatorio contratar, desde agosto de 2009, el SOA. Según datos incluidos en un reciente informe del Banco Central del Uruguay (BCU), 507.243 autos y camionetas estaban asegurados al menos con la póliza básica del SOA en 2012, entre aseguradoras privadas y el Banco de Seguros del Estado (BSE). Si bien por el momento no se tienen cifras oficiales sobre la cantidad de autos que circulan por las calles en Uruguay, existe una estimación de 750 mil, que es manejada a todo nivel. De la diferencia entre ambas cifras, surge que unos 240 mil vehículos no tienen el SOA, lo que explica el tercio de vehículos sin el seguro obligatorio.

La ley establece que el control de la obligatoriedad debe ser ejercido por el Ministerio del Interior y las intendencias, pero desde que se creó no existe fiscalización, aseguró a El Observador el secretario general de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Pablo Inthamoussu.

El único control ejercido desde 2009 hasta hoy, según explicó el jerarca, se realiza cuando la Policía constata en los accidentes el incumplimiento. Allí se ingresa una multa, cuyo dinero financia el fondo de indemnizaciones. También se han registrado multas cuando interviene la Policía Caminera en sus procedimientos, o cuando el propietario del vehículo que no cuenta con el seguro obligatorio realiza algún trámite que requiere tener la certificación.

Inthamoussu admitió que la ausencia de fiscalización es una debilidad. A su juicio, sucede porque existen “otras prioridades”, aunque las instituciones involucradas son conscientes del problema y trabajan para solucionarlo.

Mauricio Castellanos, director ejecutivo de la asociación de aseguradoras, entiende que “es difícil determinar por qué alguien no contrata un seguro”. “Porque no solo se trata de causar daño a otro sino que se expone a sí mismo por choques o por robos; es una persona que asume riesgos”, dijo a El Observador. La ley que creó el SOA establece que el Ministerio del Interior deberá secuestrar todo vehículo que encuentre circulando sin haber contratado el servicio, y también faculta a la autoridad pública a dar permisos provisorios para transitar. Establece que a los infractores se les aplicará una multa equivalente al importe promedio del costo del seguro referido del mercado, cuyo destino será el Fondo de Indemnización de Coberturas Especiales, también creado por la ley.

Cifras
$ 206.640
Pagos. El monto de las indemnizaciones realizadas por el Estado se establece caso a caso. La víctima que cobró menos recibió $ 749, y el que cobró más, $ 206.640.

$ 14,5
Millones. En total, por los accidentes con autos sin el SOA ocurridos desde agosto de 2009 hasta agosto de 2012, el Estado pagó $ 14.586.811.

14
Casos. En lo que va de 2013, el Estado indemnizó víctimas en 14 casos ocurridos en los primeros tres años de ejercicio, con un costo total de $ 329.566

Menos en motos
La contratación de seguros en motos –también obligatorio– es menor. Según datos del BCU, alcanza a 31% de las motos que circulan por Uruguay. Unas 285 mil tienen contratado el SOA.

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