Estructuran emisión inédita para abaratar financiamiento de cárcel PPP
Emiten obligaciones negociables para construir esa prisión; se contrató asesor de seguros de EEUU y una firma europea para que ON rindan cerca de 5,4% anual
La contratación de un asesor en seguros norteamericano que garantiza a los inversores distintas contingencias que pueden darse dentro de una prisión, incluyendo un motín, o un incendio; y la de una empresa europea de ingeniería que certifica que la obra será cumplida en tiempo y forma, son algunas de las novedades de la emisión de Obligaciones Negociables (ON) que financiará la construcción de la cárcel de Punta de Rieles, el primer proyecto de participación público privada (PPP) del país.
Lo recaudado en ON financiará el 82% del costo total de la obra, que consiste en la construcción de una cárcel con capacidad para 1.920 reclusos por los que el Estado pagará $ 558 por día por cada uno –que se ajustará por IPC–. La fuente consultada por El Observador señaló que ese precio se pagará una vez esté terminado cada módulo, sin importar si está ocupado o no.
Cuando la cárcel finalizada, el consorcio Unidad Punta de Rieles (UPR) recibirá un poco más de $ 1 millón por día –unos $ 391 millones al año–, es decir unos US$ 15,9 millones a la cotización del dólar de ayer. Al cabo de los 25 años, si la relación peso/dólar se mantuviera, el proyecto habrá recibido casi US$ 400 millones.
El consorcio está integrado por las empresas Teyma e Instalaciones Inabensa, pertenecientes al grupo español Abengoa, junto a la empresa de catering uruguaya Goddard.
La estructuración de la ON que se espera emita en un futuro cercano UPR todavía no fue aprobada por el Banco Central, aunque ya recibió el martes la calificación A (Uy) por Fix SCR, filial regional de la reconocida calificadora Fitch.
En el resumen realizado por la agencia de riesgo se señala que el rating crediticio tiene en cuenta el contrato de construcción robusto con un constructor experimentado y obras de baja complejidad, aunque con un acotado cronograma.
Describe que el contrato de construcción es del tipo “llave en mano” a precio fijo y plazo determinado de 22 meses, y que posee una garantía por el 15% de la inversión, diseñada para cubrir penalidades por retraso y costos financieros. Asimismo, señala que se trata de un cronograma asequible pero que “no presenta mayores holguras”. Por esto, la calificadora destaca que habrá cobertura ante retrasos, como un aval bancario emitido por el Banco República a fin de cubrir los déficits de caja contingentes de UPR por un monto de UI 28 millones –casi US$ 3,5 millones–. Además se destaca que cuenta con otro aval del BROU por el 10% del contrato de construcción. En caso que los accionistas, de quienes se espera se reciba 18% de los aportes, no cumplan con lo pactado se contempla otro aval del banco estatal para cubrir el riesgo.
Otro punto tenido en cuenta por la calificadora es la “idoneidad” del subcontratista de los servicios de alimentación, Goddard, “considerado un servicio clave para este proyecto”.
El contrato de operación de precio fijo otorga previsibilidad sobre aproximadamente 82% de los costos operativos. La calificación incorpora una baja variabilidad esperada en los ingresos.
Se espera un nivel bajo de deducciones a los ingresos provenientes del Ministerio del Interior debido a la experiencia de los contratistas y subcontratistas, y en virtud de las opiniones emitidas por asesores técnicos independientes.
Las garantías del proyecto PPP
Para brindar la calificación A (Uy), la calificadora Fitch, consideró las siguientes garantías: prenda de depósitos, prenda de acciones, cesión condicionada del contrato de PPP, fideicomiso de garantía, prenda especial del contrato de PPP, cesión de créditos bajo la deuda subordinada.
Además, el fideicomiso de garantía recibirá los fondos de las integraciones de capital de los accionistas y de los inversores de las ON, la ejecución de los avales bancarios y los pagos del Ministerio del Interior. Durante la fase de construcción pagará a la constructora y luego a la empresa que realice la operación y mantenimiento, a los inversores de las ON y a cualquier otra entidad que se encuentre garantizadas por el mismo, explica la calificadora.
