Estudio dice que a los hogares pobres no llega la ley de inclusión financiera

La ley de inclusión financiera es insuficiente para disminuir la desigualdad y la pobreza y el Estado debe tener una participación más activa para lograr beneficios sociales que el sistema no logra proveer, señala el quinto cuaderno sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado Crédito, endeudamiento y pobreza del economista César Failache, presentado ayer.

"La ley de inclusión financiera es un paso adelante pero la sensación que me queda es que atañe a los sectores más fomales. Todavía queda un 30% de la población que está en situación de informalidad. La ley me parece que está pensada para que la inclusión vaya a estos sectores; a los sectores más pobres todavía hay que pensar de qué manera se hace", opinó Failache en su presentación.

El autor subrayó que si bien las actividades financieras contribuyen al aumento de la eficiencia de la economía, y de esta manera al desarrollo, no se trata de un mecanismo automático pudiendo crear situaciones negativas. En este sentido explicó la importancia del Estado como agente desde su participación, como regulador o interventor activo para evitar fallas del mercado y para promover beneficios sociales.

En su trabajo, el economista sugiere que el regulador alinee a los intermediarios financieros a subsanar problemas de exclusión que afectan a los sectores más pobres de la sociedad. Detalla que por un lado, el decil más pobre de Uruguay es el que cuenta con más personas que declaran subsistir gracias a un negocio (más del 30%), mientras que el más rico no llegan al 25%. Por el otro lado se muestra que menos de 5% del sector más pobre de la sociedad tiene activos financieros –cuentas de ahorro, depósitos, títulos financieros de empresas– y casi el 60% del decil más rico sí los posee.

De todos modos, Failache dice que el buen uso de la inclusión es insuficiente para disminuir la desigualdad y la pobreza y en este sentido señala que deben existir políticas explícitas que apunten, por ejemplo, al desempleo y al apoyo a microemprendimientos. "Si se trata de buscar el acceso de los sectores pobres y de ingresos bajos a los servicios financieros como parte de un proyecto de desarrollo integral, las políticas económicas y sociales forman un conjunto cuya coordinación es parte de la estrategia de desarrollo humano", señala Failache.

El autor destaca que debe tratarse con cuidado que el aumento de la bancarización no ponga en riesgo experiencias exitosas relacionadas al movimiento cooperativo y de la economía social y solidaria. En este sentido explica que espera que las instituciones de microfinanzas puedan establecer relaciones de clientela sustantivas para lograr acercarse a las necesidades de las personas vulnerables a la pobreza o en situación de pobreza.

El gerente de Política Económica del Banco Central, Alberto Graña, que acompañó en la presentación, reconoció que la inclusión financiera es "una condición necesaria pero no suficiente para el combate a la pobreza y a la indigencia".

En tanto, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi opinó que si las políticas económicas y financieras fallan en llegar a toda la población se estará en dificultades muy serias para poder hacer cualquier tipo de proyecto político, económico o social que vaya en beneficio de las grandes mayorías.