Etapa final en el campo laboral
La OIT presentará un informe sobre reclamo por ocupaciones
La longeva controversia sobre ocupaciones y piquetes entra este mes en su etapa definitoria con un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presumiblemente dirigido a equilibrar las relaciones laborales. La controversia que enfrenta al PIT-CNT y al sector empresarial –con el gobierno apresado en el medio por su indecisión– se solucionará si la central sindical depone su oposición a las recomendaciones que la OIT viene haciendo desde hace siete años y que, si mantiene igual tesitura, reiterará ahora. De lo contrario, al envío del informe seguirá la llegada de una misión técnica de la OIT para evaluar sobre el terreno las disidencias que persistan. Y si tampoco se logra un acuerdo, Uruguay quedará expuesto a la ignominia de ser incluido en la lista negra de países que no respetan derechos laborales.
La disputa gira en torno a las ocupaciones y abarca también los piquetes como derivación de esa práctica sindical, por un lado, y la negociación tripartita, por otro. Las administraciones frenteamplistas avivaron el problema con la contradicción de eliminar de la ley de Negociación Colectiva el artículo que habilitaba las ocupaciones pero manteniendo vigente un decreto que las permite. Ante una queja de las cámaras empresariales, la OIT falla desde 2010 que solo son permisibles si se permite el ingreso a los trabajadores que quieran seguir cumpliendo sus tareas y a los responsables de las instalaciones tomadas. En un reciente documento, el gobierno se inclinó a medias por lo recomendado por la OIT al referirse solo a los piquetes. Pero el PIT-CNT rehúsa toda limitación, arguyendo que las ocupaciones sin acceso de trabajadores disidentes o propietarios integran el derecho de huelga.
La interpretación de este derecho es el meollo del problema. La Constitución establece que “la huelga es un derecho gremial” y que “se reglamentará su ejercicio y efectividad”. Pero dicha disposición nunca se reglamentó por ley. La ley de Negociación Colectiva no es una reglamentación de la huelga, por de pronto porque la central obrera no permite que se reglamente en ninguna forma. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, acaba de afirmar, en un seminario en la Universidad de Montevideo, que “los empresarios en la OIT no quieren reconocer el derecho de huelga”. Su comentario resulta sorpresivo, ya que nadie cuestiona ese derecho, que consiste en la prerrogativa de un sindicato u otro grupo de trabajadores a abandonar sus tareas como medida de presión en respaldo de demandas salariales o de otro tipo.
Lo que el sector empresarial objeta con razón es que sindicatos, aprovechando la benevolencia de los gobiernos frenteamplistas, agreguen por su cuenta a ese derecho la toma y cierre de los lugares de trabajo y el uso de piquetes externos como control adicional. Estas acciones han sido reiteradamente rechazadas por la OIT en su forma actual, atendiendo el planteo de las cámaras empresariales al condicionar la licitud de las ocupaciones a que se respete la libertad de trabajo y se permita el acceso de los propietarios. La instancia final de la controversia se empieza a jugar este mes con el anunciado informe de la OIT y la venida, de ser necesario, de una posterior misión técnica del organismo. La tormenta se disipará si todas las partes aceptan las conclusiones de la OIT. La alternativa es agravar relaciones laborales conflictivas y exponer a Uruguay a la vergüenza de la lista negra.
