Luego del verano, cuando sus padres se separaron, dejó el liceo y empezó a andar “en malos pasos”. A los 17 años, tenía sexo con hombres grandes que le pagaban y dinero para comprarse ropa y alimentos.
El hombre que la llevó por “los malos pasos”, Sergio Carballo, la llamó el miércoles 17 de julio para trabajar de moza en una fiesta en La Casita del Parque, un local de la Intendencia de Paysandú. Durante la fiesta, en la que abundó el alcohol y la cocaína, la mujer que cuidaba La Casita le propuso irse con Horacio de los Santos, entonces secretario general de la intendencia. Cuando declaró ante la Justicia dijo: “Ella me iba a hacer cosas a mí y después ella iba a tener sexo con él” (De los Santos). Aceptó. En La Casita había cantado algunas canciones con él y se había sentado en sus rodillas.
La Policía detuvo a De los Santos cuando se iba manejando alcoholizado junto a la adolescente y la funcionaria municipal. El caso fue un puñal en la cara de la ciudad y del país. Es la punta del iceberg de una problemática nacional que sigue dando pelea, incluso tras las rejas. “Sergio me llama desde la cárcel para ver cómo estoy”, contó Camila, víctima de explotación sexual, a El Observador.
Ella cumplió 18 años en setiembre y no tiene problemas en contar lo que vivió. “Muchos quieren saber y yo les cuento”, dice al teléfono, desde Paysandú. “Fue un golpe de la vida, una experiencia”, agrega.
Hacía tres meses que salía con hombres que le pagaban por sexo. “Empecé con Sergio. Nos presentó una amiga y ahí empezamos”, recuerda. Pocos meses antes, su padre se había ido a vivir a Argentina, luego de separarse de su madre.
Camila nunca hizo calle, sino que se comunicaba con sus explotadores por celular. “La plata que hacía era para mi familia. La usaba en casa, para comprarme la ropa, para comer”. Vivía con sus dos hermanos varones, uno de 16 y otro de 21, y con la novia del mayor, su cuñada, que la acompañó a La Casita a trabajar de moza, aunque ella no andaba “en malos pasos”.
Hoy sigue viviendo con ellos. Su hermano mayor, que es metalúrgico, paga las cuentas y la olla.
Tras el escándalo, De los Santos y Carballo fueron procesados con prisión. Y Camila se separó de su amiga y empezó a ir una vez por semana al INAU, donde una psicóloga y otros funcionarios la ayudan a salir adelante. Para Camila, salir adelante es conseguir trabajo. “Algo que me dé plata. Quiero plata para mí. Nada de cosas malas. Algún trabajo digno”, asegura.
En el INAU le están enseñando a hacer un currículum. Pero Camila se hace cargo de su destino. “Tengo que hacer yo de mi parte para conseguir trabajo”. Mientras, pica paredes y hace trabajos de albañilería en su casa. Su padre “es un humilde albañil y vive en Argentina”, afirma.
Hace un mes, su madre se fue de Paysandú a Montevideo a buscar empleo. “Acá trabajaba en un geriátrico, pero no sé si dejó el trabajo o la despidieron”. Camila habla poco con ella.
De hecho, habla más con Carballo, el hombre procesado con prisión por “reiterados delitos de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, en reiteración real con reiterados delitos de facilitación al consumo de estupefacientes”.
“Sergio me llama desde la cárcel para ver cómo estoy”, dice Camila. Asegura que mantienen un vínculo de “amistad” y que “está todo bien”.
Caso bisagra
Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapese), advierte que “el pasaje del abuso y la explotación sexual a la prostitución es prácticamente mecánico”. No es el caso de Camila. “Ya fue eso. Ahora cumplí 18 y me alejé de todas esas cosas”, asegura. De todas maneras, los abusadores siguen al acecho, a una llamada de distancia. Purtscher advierte que es muy “preocupante” que la víctima mantenga vínculo con el explotador.
El presidente de Conapese considera que este caso fue “bisagra” a nivel nacional. “Por lo violento del caso, creo que se rompió ese manto de silencio o de naturalización de la explotación sexual y eso es fundamental”, reconoce.
Para Purtscher, “la clave” fue el cambio de la tipificación del delito de De los Santos. En una primera instancia había sido procesado por “abuso de funciones en casos no previstos por la ley”, un delito excarcelable. Pero a solicitud de la fiscal Estela Long, la jueza Karen Ramos lo procesó finalmente por “contribución a la explotación sexual de personas menores de edad”.
Purtscher agrega que “la comunidad y distintos actores respondieron” a la problemática de la explotación sexual de menores, un fenómeno especialmente extendido en Paysandú. “Si los actores locales comienzan a visualizar el problema y a identificarlo y se organizan para combatirlo, estamos en un nivel distinto al de hace uno o dos años, cuando hacíamos la denuncia y la gente de Paysandú decía que no era tan importante”, explica.
