FA une caso Mota con caducidad y va al choque directo con la SCJ
Amenazan con un juicio político a los ministros de la corporación judicial
En la izquierda ardió la pradera con el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que declaró inconstitucional dos artículos de la ley interpretativa de Caducidad. Los primeros en reaccionar fueron los dirigentes del MPP, pero el Frente Amplio está todo decidido a ir a fondo en un choque cada vez más profundo con la corporación judicial. Desde la oposición acusan a la izquierda de entrometerse con un poder independiente.
En el oficialismo vinculan la declaración de inconstitucionalidad, que cerrará todas las causas judiciales de Derechos Humanos, con el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal –donde tenía 50 expedientes sobre delitos de la dictadura– a un juzgado civil.
En la misma reunión de ayer en la que la Suprema Corte de Justicia se pronunció sobre la ley interpretativa de la ley de Caducidad, los magistrados decidieron por unanimidad no aceptar la invitación hecha por del Parlamento para que dieran explicaciones sobre el traslado de Mota. Se comprometieron sí a enviar un informe por escrito en el que argumentarán el traslado.
Si esa respuesta no les satisface, el MPP propondrá que el Frente Amplio inicie un juicio político contra la corporación judicial por considerar que se violó la Constititución con el caso Mota. El artículo 246 de la Carta Magna sostiene que antes de trasladar a un juez, la SCJ debe “oír al fiscal de Corte”.
La corporación judicial no realizó nunca esa tarea y argumenta que el Tribunal de lo Contencioso Administativo (TCA) ha fallado a favor de la Corte cada vez que los jueces trasladados interpusieron recursos.
El Frente Amplio con sus votos podría iniciar el juicio político, pero no tiene las mayorías necesarias para hacer caer a la Corte de Justicia, ya que se necesitan dos tercios del Senado.
Legisladores blancos y colorados se reunieron en la tarde de ayer en el Parlamento para estudiar el anuncio juicio político.
Si bien no llegaron a un acuerdo sobre el tema, coincidieron que ninguno apoyará un juicio político a la SCJ si finalmente se concreta. El senador Pedro Bordaberry dijo a El Observador que lo que más le “preocupa” es que “el partido del presidente de la República, que tiene como vocero a la señora del presidente y primera senadora del Frente Amplio”, Lucía Topolansky, diga que le harán un juicio político a la SCJ. “Obviamente que el presidente no podrá decir que no está de acuerdo con eso o que no está detrás de eso, porque su mujer y su grupo político es el que propone el juicio, y eso es muy grave desde el punto de vista institucional en cuanto a que un poder ataca a otro”.
Conocido el fallo judicial de la Caducidad, el MPP salió con todo. La senadora y primera dama, Topolansky convocó a al Secretariado Ejecutivo del sector que a media tarde emitió un comunicado. “Entendemos que con estas resoluciones la mayoría de la SCJ es responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay”, dice el texto.
El comunicado une este asunto con el traslado de Mota. “Resulta ineludible vincular dicho acto con la posterior declaración de inconstitucionalidad”.En diálogo con El Observador, el senador Ernesto Agazzi fue más allá. “Ahora entendemos por qué el traslado se hizo tan rápido y sin la vista del fiscal de Corte”, dijo el senador.
En la misma línea la senadora Lucía Topolansky dijo a El Observador que las razones del traslado “no están claras” por lo que se recorrerán los caminos legales para “determinar la responsabilidad” de la SCJ en las decisiones adoptadas.
Estos dos golpes no fueron los únicos que hicieron levantar la temperatura en el FA. Hace dos semanas la SCJ declaró inconstitucional el impuesto a la concentración de la tierra, algo que posteriormente generó una crisis política interna en el gobierno (ver páginas 2 a 4).
