El gobierno anunciará hoy la devolución del IVA en las transacciones que hagan los beneficiarios de Asignaciones Familiares –unos 400 mil menores de 18 años que reciben hasta $ 1.700– a cuyas familias se les entregará una tarjeta de débito denominada “Afam”, mediante la cual obtendrán el beneficio. La misma ventaja tendrán los poseedores de la tarjeta alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) –unos 81.539 hogares–, con la que pueden comprar artículos de todo tipo en varios comercios de plaza a excepción de alcohol y tabaco.

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Las tarjetas del Mides tienen acreditados montos de entre $ 523 y $ 2.812, según la cantidad de hijos de las familias beneficiarias. El plan de exoneración del IVA se pondrá en marcha en forma paulatina y luego se generalizará, y hacia fin de año se pretende que el beneficio esté extendido a toda la población que se busca alcanzar.

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El sistema de devolución del impuesto para los que reciben Asignaciones Familiares o tengan la tarjeta alimentaria, “será sencillo y automático”, comentó a El Observador una fuente ministerial.

Además, el gobierno ya tiene decidido establecer la generalización a los comercios minoristas de los POS (equipos para realizar pagos en línea con tarjetas de crédito y débito) y está dispuesto a “subvencionar su costo”. Ese subsidio se considera que es “una inversión con retorno” porque se reducirá la evasión y se ampliará el número de comercios formalizados.

La idea del gobierno es extender la cantidad de establecimientos –hoy son unos 500– en los que se acepta la tarjeta del Mides.

Tarjetas de débito
El Ministerio de Economía establecerá en 1% la comisión que cobran a los comercios los emisores de tarjetas de débito, mecanismo cada vez más utilizado por la población para el pago de sus compras y que los bancos buscan apuntalar como un negocio creciente.

La idea del Poder Ejecutivo es incluso que las cuentas de UTE, OSE, ANTEL, pagos al Banco de Previsión Social y a Impositiva se hagan mediante tarjetas de débito.

Los anuncios de rebaja de IVA los harán este mediodía los ministros Fernando Lorenzo (Economía) y Daniel Olesker (Desarrollo Social) desde la Torre Ejecutiva.

En la campaña electoral que llevó a José Mujica a la presidencia, el Frente Amplio prometió una rebaja del IVA de dos puntos porcentuales (de 22% a 20%) a toda la población.

Cada punto de IVA implica un ingreso a las arcas públicas de algo menos de US$ 150 millones, por lo que cualquier modificación tendrá un impacto directo en las cuentas del Estado.

El Poder Ejecutivo busca ahora “focalizar” el impacto de la disminución del impuesto en determinados sectores de la población y asegurar que realmente lo reciban. Los técnicos de Economía recuerdan que en la administración anterior cuando se rebajó el IVA de 23% a 22% y se eliminó el Cofis que era 3%, el beneficio no llegó totalmente a los consumidores.

El proceso que se anunciará este jueves es parte del proyecto oficial de bancarización que pretende acercar a más gente a los instrumentos financieros.

El proyecto tiene varios objetivos. Uno de ellos, de tinte político, es ayudar a la inclusión social de sectores que están rezagados y el otro, de corte económico, es para contribuir a bajar la evasión que en el caso del IVA fue del 15% en 2010, según datos de Impositiva.

Por otro lado, el ministro Lorenzo es partidario de “regular” el mercado de las tarjetas de crédito según lo señalaron este miércoles a El Observador los diputados Daniel Peña (Alianza Nacional) y Gonzalo Mujica (Espacio 609), quienes le presentaron este miércoles un proyecto en tal sentido. En el encuentro que duró algo más de 30 minutos, se resolvió crear una comisión con tres técnicos, uno de Economía y dos en representación de los legisladores, para afinar el texto que se presentará al Parlamento.

Peña y Mujica entienden que esa comisión será expeditiva y antes de fin de año se aprobará la ley que, entre otros aspectos, pone coto a los intereses y comisiones que cobran hoy las tarjetas de crédito. “Este proyecto es coherente con la bancarización que impulsa el gobierno” comentó Mujica.

Según el texto entregado ayer a Lorenzo, y al que accedió El Observador, se fija como máximo en 3% el interés que podrán cobrar al comercio las tarjetas, tasa que hoy está entre 0% y 12%. También se aclara que no podrán establecerse aranceles diferenciados en un mismo sector de actividad como ocurre actualmente.

En el Ministerio de Economía se entiende que con el sistema actual se pueden verificar “ciertos abusos” que perjudican a usuarios y comerciantes. Por eso se busca dar intervención a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en la aprobación de contratos entre el emisor y el comercio.

Los legisladores proponen también que un emisor de tarjeta no pueda realizar acuerdos comerciales promocionales que excluyan a proveedores de un mismo sector o que resulten perjudiciales para la libre competencia entre los comercios adheridos al sistema.

Peña comentó que el proyecto “no es contra las tarjetas” sino que busca “racionalizar” un mercado que hoy está desregulado.
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