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El Congreso de Paraguay aprobó el jueves la modificación de tres artículos de la ley de defensa, que otorga poderes al Ejecutivo para combatir al grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que el pasado viernes mató a cinco guardias de una hacienda ganadera.

La ley, más conocida como "de militarización" habilita al presidente Horacio Cartes a usar la fuerza militar en los operativos de defensa interna, sin tener que recurrir al estado de excepción.

Las modificaciones se llevaron adelante luego de un debate de tres horas, ante la oposición de sectores minoritarios del Senado contrarios a otorgar "poderes extraordinarios" al Ejecutivo.

Un total de 29 senadores aprobó la nueva ley y 11 votaron en contra, entre ellos los cinco integrantes de la bancada del izquierdista Frente Guasú (Frente Grande), que lidera el expresidente y exobispo católico, hoy senador, Fernando Lugo.

Con la ley anterior, el presidente debía pedir la aprobación del estado de excepción para movilizar a los militares en la defensa interna.

La normativa autoriza a Cartes a utilizar las Fuerzas Armadas "para enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país".

Para evitar el abuso de poder, los senadores aprobaron un artículo que faculta al Congreso "a decidir el cese de la intervención" de los efectivos castrenses.

La modificación tuvo un tratamiento en tiempo récord en el Congreso. El miércoles se aprobó en la cámara de Diputados (38 a 33) y este jueves en el Senado, tras ser presentado sobre tablas.

Cartes ya envió un contingente de unos 200 militares a la zona del EPP, entre los departamentos de San Pedro y Concepción, entre 400 y 500 km al norte, para iniciar sus operaciones.

El ministro del Interior Francisco de Vargas dijo que la intención del Gobierno "es contar con una herramienta legal para hacer uso de la fuerza militar, sin la necesidad de llegar a un estado de excepción, para casos como los atentados del EPP".

Además de los asesinatos perpetrados el pasado sábado, el EPP atacó dos comisarías policiales de la zona, una de ellas este jueves.

En representación de los luguistas, el senador Carlos Filizzola dijo que Cartes puede hacer uso del estado de excepción.

"Hoy está previsto lo necesario para que el Presidente actúe y de hecho ya lo está haciendo", remarcó al comentar que los militares ya se instalaron en la zona norte del país.

La senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista, advirtió que "se viola" la Constitución.

La discusión fue saldada con la intervención de la senadora oficialista Mirtha Gusinsky, exesposa del expresidente Raúl Cubas (1998/99), madre de Cecilia Cubas, asesinada por el EPP tras un secuestro de cinco meses en 2005.

"¿Acaso se olvidaron de las imágenes de mi hija enterrada en un túnel al estilo de las FARC?", se preguntó con vehemencia.

"Nunca voy a recuperar a mi hija pero no traben la posibilidad de eliminar al EPP, para evitar más víctimas", manifestó con convicción.

Con relación a la comparación que hicieron algunos luguistas con leyes que regían en los tiempos de la dictadura del general Alfredo Stroessner, Gusinsky respondió que "no se puede comparar esta situación con la dictadura".

"Hemos superado la dictadura. Ahora lo más urgente es eliminar al EPP", sentenció.

La policía atribuye 31 muertos al EPP, 10 de ellos policías, desde que comenzó a actuar oficialmente en 2007.

Vinculado a las FARC
El EPP, al que se atribuye vinculación con las FARC de Colombia, es de tendencia marxista leninista y nacionalista. La policía estima que no cuenta con más de una cincuentena de miembros, en su mayoría mimetizados en la población.

Centra su actividad en secuestros, asesinatos, ataques a comisarías y reivindicación de la clase campesina.

También ha obligado a sus víctimas a regalar centenares de kilos de carne en barrios pobres de su zona de operaciones e incluso del cinturón pobre de Asunción.

El EPP había asesinado en mayo pasado al conocido ganadero Luis Lindstrom, quien fue emboscado en los límites de su propiedad, en las inmediaciones de Tacuatí, 400 km al norte de Asunción.

En tanto, durante las elecciones del pasado 21 de abril que ganó Cartes, el estallido de una bomba atribuida al EPP en Kurusú de Hierro, pequeña localidad cercana a Concepción, 500 km al norte de la capital, dejó un policía y un guerrillero muertos, así como siete uniformados heridos.

Tres de sus principales líderes -Alcides Oviedo Brítez, su pareja Carmen Villalba y Osmar Martínez- fueron condenados a 35 años de cárcel por los cargos de secuestro y asesinato.

En tanto, la fiscal especializada Sandra Quiñonez advirtió en junio pasado de la posibilidad de que miembros de las FARC se integren al EPP. "Es factible que vengan a Paraguay. Ya lo han hecho con anterioridad", dijo, aludiendo a integrantes en desacuerdo con el proceso de paz en Colombia.
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