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El aumento de la contribución inmobiliaria rural, prevista en la ley de Presupuesto, corre riesgo de no ser aprobado tras las críticas surgidas desde el Partido Nacional, que está dividido entre lo que piensa buena parte de su bancada y los intendentes del interior.

Esa posición puso en alerta a la bancada oficialista.

El diputado frenteamplista Gonzalo Mujica, informó a El Observador que no votará que suba la contribución, "si los blancos no se hacen responsables" de lo que fue un pedido del Congreso de Intendentes a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

El senador Marcos Otheguy (Lista 711) recordó que el tema aún no lo decidió la bancada oficialista y opinó que "es razonable" que parte de los costos de la caminería los asuman los sectores productivos que la utilizan y la rompen.

El gobierno –que no estaba de acuerdo con el cambio propuesto por los intendentes pero lo aceptó– prometió en la campaña electoral que no subiría impuestos y el ministro Danilo Astori lo volvió a ratificar el sábado en el Prado.

El tema impositivo fue uno de los reclamos que integró el discurso de Ricardo Reilly, presidente de la Asociación Rural.

"La población no resiste más carga impositiva, ni nuevos impuestos, ni un incremento a los ya existentes, ni a nivel nacional ni departamental", afirmó.

"Lamentamos que en la ley de presupuesto se plantea otro incremento impositivo a la producción". "En los últimos 12 años los aportes del agro por concepto de impuestos se incrementaron 290%. Sólo en los últimos 6 años se multiplicaron casi al doble y lo hicieron de la peor forma, que fue gravando un medio de producción como es la tierra", dijo Reilly ante autoridades del gobierno y muy pocos dirigentes de la oposición.

De hecho, los líderes blancos, Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, no estaban ese día en el Prado.

La semana anterior, luego de ser recibido por la dirigencia de la ARU, Lacalle Pou anunció que los legisladores de su sector (Todos) no votarán el artículo del presupuesto que propone eliminar la exoneración del 18% de la contribución rural.

Sin embargo, afirmó que a los intendentes "les asiste la razón" desde el momento en que el gobierno central "les retacea recursos".

Explicó que habrá que conseguirlos por otra vía y no asumiendo nuevos impuestos o elevando los existentes.

Lacalle Pou planteó incluso "rever el subsidio" al transporte urbano para conseguir dinero. La posición del líder blanco lo dejó enfrentado a varios intendentes de su partido que firmaron el acuerdo con el gobierno.

El jefe comunal de Cerro Largo, Sergio Botana, es partidario de mantener el acuerdo que permitirá a las intendencias recibir directamente recursos para caminería.

Este año, las comunas dejarán de percibir el porcentaje que les correspondía del Impuesto al Patrimonio que sustituyó al ICIR tras ser declarado inconstitucional ante acciones legales que presentaron productores rurales.

El impuesto al Patrimonio implicaba a las intendencias un aporte de US$ 18 millones y la eliminación de la rebaja de la contribución rural –que ahora está en duda­– significa unos US$ 15 millones.

La bancada del Partido Nacional buscará de dónde sacar esos recursos pero por ahora no está claro.

El senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) escribió un artículo donde habló de "descentralizar la caja" y alertó de la "pérdida de autonomía financiera" de los gobiernos departamentales en los últimos 25 años.

La red vial departamental son unos 60.000 kilómetros y "los gobiernos departamentales no pueden afrontar esa tarea".

Larrañaga dijo que suma su voz al reclamo de los intendentes y pidió que lo recaudado por el Impuesto al Patrimonio siga volcándose a las comunas.

El diputado Jorge Gandini, señaló ayer a El Observador que la bancada "está comprometida con que haya recursos para la caminería rural pero no está dispuesto a votar un aumento tributario".

Mientras se da esta discusión, en el Frente miran de reojo qué votarán los blancos antes de tomar una decisión.

Por ahora los votos no están.
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