Ante la posibilidad de que el gobierno , y por el cual el grupo Linzor Capital Partners -propietario de la cadena Farmashop- anunció que , el grupo inversor ratificó su postura y advirtió que lo único que se acepta para desistir de la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, es que el gobierno derogue el decreto.

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El director ejecutivo de Linzor Capital Partners, Timothy Purcell, afirmó este lunes a radio Carve que “el decreto tiene vicios tan importantes que es difícil pensar que una modificación pueda llegar a solucionarlos”. Purcell sostuvo que “sin una derogación, para Farmashop sería lo mismo”, de manera que el arbitraje internacional contra el Estado uruguayo ante el “Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones” (CIADI), seguiría su curso.

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Desde el grupo Linzor Capital se entiende que el gobierno emitió un decreto que “modificó las reglas de juego del mercado, sin sentido”, según declaró Purcell en el programa Inicio de Jornada.

Purcell explicó que, a su entender, el decreto tiene “tres vicios muy importantes”. Estos son: la limitación al número de farmacias, el impedimento de la utilización de los beneficios de escala, al prohibir los centros de distribución, y la falta de relación entre el decreto y el tamaño del mercado.

“Como el decreto limita en número de farmacias en 15, no se nos permite vender Farmashop sin tener que dividir la compañía. Esto destruye el valor de la inversión que hicimos. Sin un centro de distribución es prácticamente imposible que una cadena con 92 farmacias pueda trabajar, y por último, Farmashop tiene apenas entre un 8% y un 9% de participación en el mercado, por lo que los argumentos concentración y abuso de participación en el mercado a los que se refirió el presidente Mujica no tienen sentido”, sentenció Purcell.

Además, el titular explicó que Linzor intentó por todos los caminos “encontrar una solución amistosa” al problema y “evitar esta mala noticia para Uruguay”, pero explicó con claridad que el propósito de la demanda ante el CIADI es “argumentar que Linzor hizo una inversión muy importante en Uruguay en la industria farmacéutica y sufrió un cambio en las reglas de juego muy importante, cosa que afectó de forma muy importante también el valor de la inversión. Creemos que eso no se condice con los acuerdos firmados”, expresó.

En su análisis de las consecuencias que tiene el decreto en el mercado, Purcell también destacó el hecho de que “también perjudica a las pequeñas farmacias, porque impide que un dueño pueda vender su farmacia a una cadena, algo que es habitual en el mercado”.

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Economía y Empresas

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