Fijan tasa de 10% de envío para financiar al Correo
Regulan prestaciones del sector privado y usuarios abonarán una tasa “solidaria”; gobierno espera que nueva ley postal elimine déficit del Correo
E l gobierno espera que la nueva ley (19.009) de actividades postales que votó sobre fines del año pasado el Parlamento marque un antes y un después de la Administración Nacional de Correos. Un organismo que llegó a registrar pérdidas superiores a los $ 500 millones (unos US$ 26 millones) en un negocio que, incluyendo los privados, factura más de US$ 160 millones por año.
El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, explicó a El Observador que uno el objetivo que persigue esta nueva ley -que ya está operativa- es que el Correo pueda estar en condiciones de “dar un servicio de calidad, con entregas a tiempo”, así como “adecuarse” al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y alcanzar su “autofinanciamiento”.
El jerarca recordó que esta ley se aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos para fijar un marco legal que “regule todas las actividad postales del país y garantice el acceso de un servicio postal básico a toda la sociedad”. Precisamente, para asegurar este servicio, la nueva normativa establece una “tasa de financiamiento” para el Servicio Postal Universal que prestará únicamente el Correo (ver apunte).
El Art. 15 de la ley fija una tasa de 10%, excluido el IVA, del “envío o producto/servicio postal”. Quedan exentos del pago de este impuesto, los envíos postales comprendios bajo el Servicio Postal Universal (ver apunte). Los operadores postales privados y el Correo deberán actuar como agentes de retención de este tributo.
Por otro lado, las personas jurídicas (empresas públicas) deberán pagar $ 3,36 por carta y $ 15 por paquete enviado a través del Correo. Estos montos serán ajustados de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) cada 1º de julio.
Ambos impuestos serán volcados a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), que luego se encargará de transferirlos al Correo para que pueda autofinanciar los costos del Servicio Postal Universal, la unidad del negocio que le genera las mayores “perdidas” al organismo, señaló a El Observador el director nacionalista del Correo, Julio Silveira. El jerarca explicó que esto se debe a las “obligaciones” que tiene el Correo como empresa estatal de servicios postales. “El Correo está obligado a ir todo el país por ley, independientemente de las pérdidas”, apuntó. La institución cuenta con casi 1.000 locales en todo el país y cubre el 90% de las zonas urbanas que tienen más de 400 habitantes. El organismo recibe unas 150.000 contactos de usuarios por día y emplea a más de 700 trabajadores.
Calidad
Uno de los objetivos que tiene definida la nueva ley postal es que el Servicio Postal Universal cumpla con la legislación internacional en la materia. En ese sentido, se estable una frecuencia diaria de este servicio para las poblaciones mayores a 2.000 habitantes y tres veces por semana para las localidades menores, indicó Kreimerman.
En tanto, el director del Correo aseguró que la ley provocará una “transformación” del organismo para que pueda “equilibrar” sus números al final de este período de gobierno (2014).
El año pasado, producto de una serie de cambios que realizó la gestión actual, se logró reducir el subsidio que recibe anualmente de Rentas Generales a$ 350 millones (unos US$ 18 millones) frente a los $ 450 millones de 2010 (unos US$ 22,4 millones). La facturación del Correo creció 22% y su productividad 19% el año pasado.
Regulación
El Correo está en competencia con unas 130 empresas privadas que ahora deberán está registradas ante la Ursec. “Esto tiene objetivo formalizar y regularizar su desempeño”, explicó Kreimerman. La Ursec se encargará de habilitar las licencias para servicios postales locales e internacionales, de cobrar una tasa anual por operador y aplicar sanciones en caso de incumplimiento con la normativa vigente.
