Financian primera cárcel público privada con obligaciones negociables

Hoy se emiten por un total de US$90 millones. Se construirá en Punta de Rieles y abarcará 36 mil metros cuadrados

Los responsables del consorcio ayer, en la previa de la emisión Nicolás Garrido

Este jueves entre las 10 y las 12 horas, a través de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA) y la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), el Consorcio Unidad Punta de Rieles S.A. emitirá obligaciones negociables por una cantidad de unidades indexadas (UI) equivalente a un máximo de US$ 90 millones.

Integrado por Abengoa Teyma, Instalaciones Inabensa y Goddard Catering Group, el consorcio es el que resultó adjudicatario del contrato bajo el régimen de Participación Público Privada (PPP) para construir un centro penitenciario (denominado Unidad de PPL N°1) en Punta de Rieles. Sobre un terreno de más de 25 hectáreas propiedad del Estado se levantarán 36 mil metros cuadrados de área techada.

Se trata del primer contrato firmado en Uruguay bajo esta modalidad. Sus impulsores esperan que esté operativo para mediados de 2017.

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El privado deberá encargarse del diseño y construcción de la cárcel, que tendrá capacidad para 1.960 reclusos. Por los próximos 27 años y medio, la operación, mantenimiento, limpieza del centro y la alimentación correrá por cuenta del consorcio. El Ministerio del Interior, en tanto, correrá con los servicios de seguridad, salud y reeducación.

Ayer miércoles, en un acto del cual participaron todas las partes involucradas en el proyecto, el director de Finanzas de Banco Santander, Gonzalo Bava, dijo a El Observador que tenían confianza en que la emisión será un "éxito". El banco es el estructurador del financiamiento del proyecto, y además la operación lo tendrá como entidad registrante y agente de pago.

"Hemos recabado muchos puntos de vista de muchos inversores, entonces creemos que es un producto atractivo y que no va a haber problemas en la colocación del instrumento", indicó Bava.

Curva de aprendizaje

El camino de los contratos de PPP en Uruguay ha sido largo y sinuoso.

La ley Nº 18.786, de 2011, brindó el marco normativo para la aparición de proyectos de este tipo. De todas maneras, casi cuatro años después de promulgada la ley ha habido pocos avances en este terreno.

Algunos señalan que la administración del expresidente José Mujica, si bien creó la norma, careció de "impulso político" para llevarla más allá.Los pocos proyectos que vieron la luz tuvieron un andar lento.

Para el centro de reclusión en Punta de Rieles se presentaron las ofertas para licitación en julio de 2013. En diciembre de ese año se abrieron los sobres con las diferentes ofertas. Medio año después, en mayo de 2014, se adjudicó formalmente la licitación al Consorcio Unidad Punta de Rieles S.A. La firma del contrato entre el privado y el Ministerio del Interior tuvo lugar trece meses más tarde, en junio de 2015.

Bava, de Santander, destacó que todo este proceso implicó "una curva de aprendizaje muy importante" para todos los involucrados. Asimismo, señaló como "clave" la existencia un paquete de proyectos definido por el gobierno, para que el privado conozca cuáles son las prioridades para el Estado.

Por otra parte, en junio de este año el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) cerró la etapa de análisis del proceso competitivo que había lanzado en febrero para adjudicar la primera obra vial bajo el formato de PPP, para mejorar el estado actual de las rutas 21 y 24.

La apertura del sobre con la propuesta económica del consorcio integrado por la española Sacyr y Grinor (propiedad de la uruguaya Saceem) quedó en primer lugar. Todavía resta firmar el contrato.
Además, en abril de este año, el titular del MTOP, Víctor Rossi, anunció que se presentarían otros seis proyectos de vialidad para sacar bajo esta modalidad.

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