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Fiscal de Corte dijo que el gobierno le dio el 10% de los recursos necesarios para mejorar el nuevo proceso penal

Díaz dijo que no comparte que se bajen las penas pero la ley fue votada así por el legislador

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05 de julio de 2018 a las 16:14

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que el proyecto de Rendición de Cuentas del gobierno incluyó el 10% de lo que solicitó para el proceso penal acusatorio y que está dispuesto a "pelear" en el Parlamento y a argumentar por qué esa cifra debe ser superior. Según dijo el jerarca, la Fiscalía necesita 300 millones de pesos para crear nuevos cargos de fiscales penales, entre otras necesidades del nuevo sistema y otros 300 millones para poner en práctica la ley de violencia de género. El Poder Ejecutivo le asignó 65 millones de pesos.

"No pretendemos que nos dieran hoy todos los recursos. Si, un plan escalonado por un plazo de 4 a 5 años", afirmó en entrevista con el programa Todo Pasa de Océano FM. "Hay dos cuestiones, la primera es la necesidad de un incremento de recursos humanos para trabajar mejor de lo que hoy estamos haciendo y por otro lado es necesario para poder cumplir con la ley de género que implica una serie de movilizaciones sustantivas desde el punto de vista procesal".

Con respecto a la ley de género dijo que si no le dan los recursos no podrán cumplir con la ley. Agregó que menos de los 300 millones que necesitan "colocaría a la institución en la imposibilidad de poder cumplir con la ley". "Eso no lo podemos aceptar porque estaríamos trampeando y no vamos a poder cumplir", dijo.

Los cuestionados acuerdos con los fiscales

Díaz admitió que "en términos generales" no está de acuerdo con que los fiscales pidan penas menores a cambio de que los indagados confiesen estipuladas en el proceso abreviado pero dijo que el legislador aprobó la norma. "Podría decirle que no me gusta lo que está haciendo pero estaría metiéndome con la independencia técnica del fiscal. No es ilegal, puedo no estar de acuerdo con la solución legal", afirmó.

En relación al caso de los desalojos de familias en Casavalle por parte de narcotraficantes, por el que la Fiscalía recibió cuestionamientos del asesor del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, por dar prisión domiciliaria a varios de los implicados, Díaz aseguró dijo que en ese caso el fiscal "no tenía otra alternativa".

"La opción de llevar el caso a juicio oral y público, implicaba probar lo que había ocurrido y llevar a victimas y testigos a que señalaran. La mayoría, por no decir absolutamente todos, no querían declarar en juicio. Es más nos decían que iban a negar todo. ¿Podía el fiscal sustentar su acusación en un juicio oral y público? La respuesta es no, entonces hizo lo que estratégicamente entendía más pertinente", explicó. Y agregó: "Acá la gente cree que es juicio abreviado o juicio oral y gano. No, no. Tengo que ganarlo al juicio oral. Tengo que hacer un análisis si voy a llegar (a conseguir la prueba), porque el juicio oral lo puedo perder".

"Las asperezas con Bonomi no son personales"
Consultado sobre las críticas cruzadas con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que "las asperezas no son personales, pueden ser institucionales". De todos modos, señaló que "mantiene sistemáticamente" reuniones con el Ministerio del Interior y con la Suprema Corte de Justicia.

El escalón del aumento de homicidios

En relación a las cifras de homicidios, afirmó que este año "sin lugar a dudas" se va a registrar "un escalón" que podría ser tan grande como el que ocurrió entre el año 2011 al 2012, cuando se pasó de 99 homicidios a 268 homicidios, con un crecimiento del 34%.
Si bien dijo que la Fiscalía trata de ser muy cuidadosa a la hora de dar cifras y sólo va a dar las que competen a su competencia, afirmó que "se han bastardeado las cifras", y que los organismos "deben ser responsables a la hora de explicarle a la gente como se construyen los datos".

Lo que le "molesta" de la reforma del CPP

Sobre el proyecto que el Senado aprobó esta semana de reforma del CPP y establece que los fiscales deberán pedir prisión preventiva para determinados delitos graves, Díaz dijo que "lo que le molesta" del proyecto que se está votando en el Parlamento es el artículo que establece que el juez puede ordenar prueba. A su juicio "en caso de duda lo que tiene que hacer es absolver al indagado". "Se está diligenciando prueba para mejor condenar, no para mejor proveer", cuestionó y agregó que a su juicio con esa disposición el magistrado "pierde imparcialidad".



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