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El fiscal de Corte, Jorge Díaz, falló que la ley de concurso de Pluna es constitucional, pero marcó un matiz al opinar que el Estado debe hacerse responsable judicialmente ante los acreedores, informaron fuentes del caso a El Observador.

La liquidación de Pluna no se realizó por la ley de concurso, sino que los legisladores del Frente Amplio votaron una ley particular que creó un fideicomiso que pasó a administrar los bienes de la exaerolínea. Esos bienes –los seis aviones y las rutas aéreas– que conformaba los activos más importantes de la aerolínea para responder ante los acreedores fueron excluidos del concurso. Un extrabajador de Pluna, al que se sumaron otros, planteó ante la Justicia que siete de los 11 artículos de la ley presentan diversas violaciones a la Constitución. En el recurso planteaba que la ley concursal de Pluna, “lejos de ser impersonal, abstracta y general, es particular y decisoria, características propias de una sentencia”.

El fiscal de Corte no compartió el planteo de violaciones a la Constitución en la norma. No obstante, aclaró que el Estado es responsable frente a los acreedores en su calidad de socio en la empresa y por haber tomado la decisión de liquidarla.

Pluna debe US$ 126 millones a The Bank of Nova Scotia, US$ 41 millones a agentes financieros, US$ 30 millones a ANCAP, US$ 15 millones a empresas comerciales, US$ 13 millones a pasajeros que no pudieron volar y US$ 6 millones al personal. Tiene además otras deudas que oscilan, en total, los US$ 7 millones.

Al momento de declarar la situación de insolvencia, el 5 de julio de 2012, “Pluna no tenía ni siquiera para pagar el combustible en esa semana”, dijo a El Observador en diciembre el presidente de Pluna Ente Autónomo, Ignacio Berti.

A estas deudas, se suman los juicios que sobre Pluna SA (y que podrían recaer sobre el Estado) realizaron y podrían realizar extrabajadores de Varig, la aerolínea brasileña que integró Pluna SA hasta 2007.

Si bien Berti advirtió que estos juicios son contra Pluna SA y no contra Pluna Ente Autónomo, con lo que eximirían al Estado de las deudas, el fallo del fiscal de Corte podría abrir una puerta para que los extrabajadores de Varig redireccionen los juicios hacia el Estado uruguayo.

De todas maneras, el presidente de Pluna Ente Autónomo aclaró que “Pluna SA abrió un concurso en Brasil, y los trabajadores de Varig deberán ir a la quiebra en Brasil”.

Continuará la liquidación
Luego de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia reciban la opinión del fiscal, se expedirán sobre los recursos de inconstitucionalidad planteados. A partir de ese momento, la jueza de concurso Teresita Rodríguez Mascard retomará el proceso de liquidación de la empresa.
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