La red en la que está presuntamente implicado el empresario argentino reclutaba modelos jóvenes que luego eran ofrecidas a personas de alto poder adquisitivo. En ese negocio, Santos aportaba los clientes, empresarios "que estaban dispuestos a pagar entre US$ 1.500 y US$ 3.000 por tener relaciones sexuales con modelos", decía la resolución de la jueza Graciela Gatti de 2012.
El negocio del que participan distintas agencias de modelos consistía en presentarles a sus clientes fotos de las jóvenes -de entre 18 y 30 años- para que eligieran con cuál querían encontrarse. Las agencias no solo oficiaban como intermediarias, sino que también se quedaban con el dinero, y solo le daban a las jóvenes un porcentaje.
Según informó en 2012 El Espectador, por ese caso fueron procesados dos hombres y una mujer. Uno de ellos era dueño de una empresa de acompañantes reclutaba a las mujeres a través de avisos clasificados. El otro era relacionista público, les prometía participar en desfiles en Montevideo y en Punta del Este, pero el destino era la prostitución. La mujer procesada era la encargada de hacer el giro del dinero.
