El anuncio del presidente Tabaré Vázquez de que podría haber una rebaja de algunas tarifas de servicios públicos dista de compensar el golpe de los ajustes fiscales de este año, pero al menos abre la esperanza de una eventual reducción modesta de su peso agobiante sobre la población y el sector productivo. Vázquez se limitó a informar que el gobierno "trabaja fuertemente" para bajar las tarifas de la energía eléctrica y los combustibles, pero sin precisar fechas, porcentajes o siquiera darlo por seguro. Debilitó aún más la perspectiva el anuncio de UTE de que rebajará a la mitad sus cargos por encima del consumo habitual, inducción poco seria a que la gente pague más cada mes.
Bajar las abusivas tarifas actuales, de todos modos, dependerá de cómo evolucionen los números del gobierno, que ha relegado a segundo plano la función natural de dar a los consumidores servicios públicos con equilibrio entre calidad y precio. Los ha priorizado, en cambio, como fuente de recaudación para financiar los errores de las administraciones frenteamplistas, que van desde el recurrente despilfarro en el período anterior hasta un gasto de mala calidad en el actual. Los antecedentes aconsejan ser prudentes ante las expectativas que genera el anuncio de Vázquez. Es cierto que el retomado crecimiento de la economía, a un ritmo probable del 2,5% o algo más este año y el próximo, apunta a cierto desahogo financiero del gobierno. Pueden ayudar también los buenos resultados de UTE, la empresa pública que más aporta a Rentas Generales.
Pero hay muchos frenos a la esperanza. El gobierno se verá en figurillas para cubrir el déficit del mal presupuesto de 2018, que puede llegar a US$ 2.500 millones. Y nadie olvida que hace dos años el presidente de UTE anunció una justificada rebaja de tarifas eléctricas pero el gobierno lo dejó en blanco al decidir subirlas, junto con las de otros servicios y un abanico de más impuestos directos. Y a ANCAP no le será fácil renunciar a ingresos. Por un lado, sigue siendo importante contribuyente a la bolsa estatal, al punto de que el 45% del precio de la nafta súper son impuestos que se lleva el gobierno. Por otro, necesita los ingresos que le quedan para avanzar en el actual proceso de ordenamiento operativo, después que las autoridades anteriores del ente lo llevaran al borde del colapso financiero por incompetencia técnica y desidia administrativa.
Un alivio generalizado en las tarifas es esencial para mejorar las condiciones de vida de la gente y la deprimida competitividad de los sectores productivos. Hasta ahora la administración Vázquez se ha desviado de ese curso para cubrir sus propios excesos en materia de gasto público. Estos dispendios siguen a velas desplegadas, como lo evidencia el desequilibrado presupuesto que acaba de aprobar el Parlamento.
El gobierno parece confiar en que una mayor actividad económica genere ingresos que le permitan bajar algo, si no los acrecentados impuestos directos, al menos algunas tarifas de servicios. Pero habrá que esperar algún tiempo, por lo menos hasta fin de año, para ver si se confirma el anticipo de Vázquez o todo queda en agua de borrajas, como ha ocurrido tantas veces en el pasado reciente con muchos proyectos gubernamentales.
