Frente Amplio busca argumentos jurídicos para promover recurso contra la LUC

La propuesta llega mientras que la idea de convocar a una consulta popular para derogar parte de la ley pierde fuerza en filas frenteamplistas, que descartaron la posibilidad de hacerlo antes de las próximas elecciones departamentales del 27 de setiembre. 

En el Frente Amplio ven esta posibilidad como un camino alternativo al de la consulta popular, que implicaría un desgaste económico y de militancia en momentos en los que no abunda ni una ni la otra.

La estrategia de la oposición ante la LUC fue tema de debate tanto en el Secretariado Ejecutivo del partido como en la Mesa Política. Sin embargo, no hay una postura tomada respecto al referéndum. 

Si bien públicamente los dirigentes no descartan la posibilidad, ninguno de los sectores de peso del Frente Amplio impulsa la convocatoria. 

También miran con atención el debate que está dando el movimiento sindical, luego de que la Federación Ancap (Fancap) resolviera a mediados de julio promover un referéndum "revocatorio de los artículos más regresivos de la LUC". 

El tema se trasladó al Secretario Ejecutivo del PIT-CNT, que todavía no definió qué hará, pero que encargó al Instituto Cuesta Duarte un informe similar al que hará el Frente Amplio para conocer los "peores" aspectos de la ley, según afirmó el secretario general de la central, Marcelo Abdala, entrevistado por Séptimo Día. 

"Hay un proceso que viene desarrollando el Instituto Cuesta Duarte, subrayando lo que pueda considerarse negativo (...) Se está estudiando en este momento cuáles son las peores cuestiones", señaló Abdala. No obstante, agregó que en lo personal es "partidario" de ir hacia una consulta popular. 

"Soy partidario, en principio, de ir al referéndum. Pero tengo las orejas muy abiertas", dijo el secretario general el PIT-CNT. Además, señaló que el movimiento sindical debería "abrir" un "debate de todas las condiciones, circunstancias, que mire al detalle el impacto que en la práctica puede tener la LUC". 

También recordó que hay un año para promover una consulta popular, tal como lo establece la Constitución. La normativa da la posibilidad de juntar 25% de las firmas del total de inscritos habilitados para votar dentro de los primeros doce meses de aprobada la ley que se pretende derogar. 

Hay otro camino previsto –ya descartado– que prevé que dentro de los 50 días posteriores a la promulgación de la ley se presenten firmas en un número no menor al 2% de los inscritos habilitados para votar. 

En este último caso, la ley establece que si la Corte Electoral aprueba las firmas la consulta popular se hará en los 45 días siguientes a la comunicación de la corte y se precisarán 25% de los inscritos habilitados para votar para aprobar la iniciativa. 

Dentro del Frente Amplio reconocen que la coalición de gobierno "inteligentemente" accedió a eliminar los artículos referidos a la desmonopolización de los combustibles y el arrendamiento de la infraestructura de Antel a privados, dos temas que figuraban entre las primeras opciones para promover un referéndum sobre el capítulo de las empresas públicas. 

En la coalición de izquierda entienden que es prioritario que el capítulo o los artículos que se elijan para hacer campaña deben ser sencillos de entender para la población, de forma tal que se pueda convencer con argumentos claros a los electores.