La bancada de Diputados del Frente Amplio comenzó a evaluar las prioridades legislativas para el último trimestre del año y el proyecto de ley que deroga el delito de abuso de funciones –que ya fue aprobado en el Senado– no aparece en la lista.
Si bien hay sectores que todavía no presentaron sus prioridades, hasta ahora ningún sector lo propuso como un tema prioritario, según dijo a El Observador el coordinador de bancada, Carlos Varela.
Fuentes de la bancada oficialista dijeron a El Observador que "no va a haber una solución en el corto plazo". La Cámara de Diputados tiene que resolver si vota el proyecto tal como vino del Senado, si lo modifica o si lo descarta.
"Para nosotros no es un tema central", dijo a El Observador el diputado Felipe Carballo (711). Su sector todavía no presentó los proyectos que más le interesa aprobar.
A principios de abril el senador del Frente Amplio Rafael Michelini (Nuevo Espacio) ingresó por la Cámara de Senadores el proyecto de ley que derogaba el delito de abuso de funciones. Apenas dos meses después el proyecto fue aprobado en la cámara alta solo con el respaldo de los senadores oficialistas.
Al llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa fue frenada. Varios sectores, que no están representados en el Senado pero sí en Diputados, dejaron en claro sus reparos y comenzó a tomar fuerza la idea de modificar el delito en vez de derogarlo. La Liga Federal, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y el presidente de la Cámara de Representantes, José Carlos Mahía, presentaron alternativas que apuntaban a detallar o regular el delito.
Sin embargo, un documento interno de la Mesa Política de la fuerza recabó los pros y los contras de las iniciativas de aquellos sectores que quieren apoyar a rajatabla lo ya votado por los senadores, y de los que se oponen a una derogación lisa y llana del delito. Ese mismo documento alertaba de los "costos políticos" de modificarlo. La Mesa Política dio por cerrado el tema y lo pasó a las bancadas parlamentarias.
El presidente Tabaré Vázquez se refirió al tema este lunes antes del Consejo de Ministros en Rocha y en ningún momento habló de derogar el delito sino de modificarlo. Además, lo ató a un acuerdo con toda la oposición. "El problema que tiene esa ley es que es inespecífica, muy abarcativa y no configura un delito preciso. Por eso en esa bolsa puede caber desde un estornudo mal hecho hasta lo que se pueda pensar. Es una ley que necesita ajustes (...) pero ahora no es el Ejecutivo el que debe opinar", afirmó.
Para el presidente se trata de un "tema complicado", por lo que esas modificaciones deberán surgir de un acuerdo político entre los partidos en el Parlamento.
Los diputados oficialistas sí tienen algunos proyectos que pretenden sacar adelante antes de fin de año. Los proyectos de ley sobre zonas francas, el de la jubilación de los cincuentones, la regulación del mercado de alcohol, el proyecto sobre derechos de autor y modificaciones a la inclusión financiera fueron presentados como prioridades por todos los sectores que llevaron sus propuestas a la bancada, según dijo Varela.
Una encuesta de Opción Consultores reveló que el 70% de los consultados no está de acuerdo con la eliminación del delito de abuso de funciones. En tanto, el 14% de los encuestados contestó que está a favor y el 16% no tiene una opinión formada al respecto.
Las respuestas varían en función del partido político con el que se identifica el consultado. En el caso del Frente Amplio, el 52% no está de acuerdo con que se derogue ese delito, el 24% está a favor y el 24% no opina. En el Partido Nacional, el 89% de los encuestados no está a favor de que se elimine ese delito, el 6% está de acuerdo y el 5% no contesta. En el Partido Colorado, el 90% está en contra de que se derogue ese delito, el 4% está de acuerdo y el 6% no opina.
