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El diputado Jorge Gandini consideró que el gobierno incurrió en ilegalidades al seleccionar a 166 personas para ocupar puestos permanentes en el Estado luego de que fueran contratadas temporalmente a través de convenios con las Naciones Unidas y otros organismos internacionales

“A mi juicio es una ilegalidad flagrante cometida por la Presidencia de la República con la complicidad de la OPP y el silencio de Servicio Civil. No la trasposición de rubros sino el nombramiento. Hay aquí responsabilidades por acción y por omisión que deben reclamarse. Una vez mas el gobierno juega con nosotros y falta a la verdad”, dijo Gandini.

La ley de Presupuesto creó el Contrato Temporal de Derecho Público (CTDP) que permite acceder al Estado mediante concurso a través del Sistema de Reclutamiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Establece una excepción para quienes tienen vigente cierto tipo de contratos que desaparecen para convertirse en empleos temporales sin la necesidad de dar concurso.

El pasado 31 de marzo, la Presidencia dispuso la contratación a través del CTDP de 168 funcionarios que ya habían sido contratados por organismos internacionales y que cumplían funciones en diferentes oficinas de la Presidencia (156 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuatro por la Organización Internacional de la Emigración (OIM) y seis por la Agencia Española de Cooperación (AECID).

“Ninguna de estas situaciones están previstas en el régimen excepcional de transición previsto. Ningún tipo de contrato o arrendamiento de obra o de servicios con organismos internacionales, con sus fondos o con recursos locales, está previsto que sean absorbidos por el Estado por decreto, sin concurso y al margen del régimen legal vigente”, afirmó Gandini. Señaló que esos funcionarios accedieron a un CTDP hasta el 31 de marzo de 2014 con renovación hasta el 31 de marzo de 2017 sin cumplir con los mecanismos de selección legales. Además, pueden quedar definitivamente incorporados al organismo. “A esto debe sumarse que para financiar estos contratos se traspusieron rubros previstos para otros fines en la ley de Presupuesto. Por si fuera poco, se les aplicó la escala máxima salarial y, por tanto, un aumento salarial de hasta un 50% respecto a lo que cobraban en el organismo internacional”, sostuvo el parlamentario nacionalista. Gandini insiste acerca de que la selección de esas personas es “ilegal”. “Se transfieren US$ 7 millones para financiar por dos años los sueldos de 166 personas que no ingresaron por concurso, a los que se les aumenta significativamente el sueldo, se les asegura relación laboral estable por seis años y se los incluye entre quienes pueden quedar presupuestados”, sostuvo.
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