El gobierno argentino eximió del secreto de Estado a militares, policías y funcionarios en actividad o retirados que deban brindar información en investigaciones judiciales sobre terrorismo de Estado y violaciones a los derechos humanos, en un decreto divulgado el viernes.
Garré explicó que el objetivo del decreto es "que no haya ningún tipo de impedimento, o un pretexto que obstaculice la acción de la Justicia" en las causas por terrorismo de Estado y violaciones a los derechos humanos.
El ex marino Alfredo Astiz apeló a esa normativa legal (hoy derogada) el miércoles en su declaración ante el magistrado Sergio Torres, que investiga su participación en el secuestro y muerte de dos monjas francesas en 1977, entre otros crímenes de lesa humanidad, dijo una fuente judicial a la AFP.
En Argentina hay en curso un millar de causas judiciales contra acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-83), que fueron reabiertas luego de que el Parlamento anulara en 2003 las leyes de perdón de la década del '80.
La justicia atribuye a la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) unos 1.500 crímenes en los años previos al golpe militar.
