El Gobierno argentino puso este lunes en vigor la resolución que obliga a bancos y casas de cambio a pedir autorización al Fisco para concretar operaciones cambiarias, en medio de las críticas que desata la medida en la oposición.
El pasado miércoles, el Gobierno dispuso que las petroleras y mineras liquiden en el país las divisas de sus exportaciones a través de un decreto de Fernández, que anuló normativas que permitían la libre disponibilidad del 70 % de las divisas obtenidas por exportaciones de crudo, gas, combustibles y minerales.
Un día después, el Gobierno dictó una norma que obliga a las aseguradoras a repatriar en un plazo de 50 días sus inversiones o tenencias en el extranjero, calculadas en unos U$S 1.600 millones.
La administración de Fernández también incrementó esta semana los controles y el pedido de requisitos para los no residentes que compren empresas locales o inmuebles y para quienes registren adquisiciones anuales superiores a los U$S 250.000 en el mercado cambiario.
El Banco Central argentino, cuyas reservas suman U$S 47.582 millones, ha vendido alrededor de U$S 800 millones a lo largo de la semana pasada para frenar el alza de la moneda estadounidense en el mercado local de cambios, donde se cotiza a 4,26 pesos por unidad.
La fuga de capitales, en tanto, está calculada en unos U$S 22.000 millones para este año por la consultora Ecolatina.
Las nuevas medidas impuestas por el Gobierno se concretaron luego de las elecciones generales celebradas el pasado domingo, en las que Fernández fue reelegida con una abrumadora victoria del 53,9 % de los votos.
Coincidieron además con la exposición que hizo la semana pasada en París el ministro de Justicia, Julio Alak, ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que reclama desde hace años que Argentina aplique leyes más estrictas contra el lavado de dinero.