Con una orden directa del presidente José Mujica, el gobierno busca cerrar cuanto antes el contrato de inversión con la minera Aratirí, aunque en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) no toman nota de ese apuro y adelantan que por ahora el visto bueno del organismo está lejos de llegar.
Integrantes de la Dinama informaron a El Observador que no tienen un plazo establecido para pronunciarse y aclararon que hay tiempos legales a cumplir como el llamado a la audiencia pública, que llevará al menos un mes. Es probable, a su vez, que haya más de una instancia de ese tipo dada la magnitud del proyecto.
El gobierno tiene la potestad de firmar el contrato antes que la Dinama culmine su análisis de impacto ambiental, pero de ese modo recibirá mayores críticas por parte de los ambientalistas, quienes redoblaron la apuesta de su oposición a la minería a cielo abierto y lanzaron una campaña de recolección de firmas para incluir una enmienda en la Constitución que prohíba esa actividad.
El activista Víctor Bacchetta dijo a El Observador que harán todos los esfuerzos posibles para denunciar la existencia de una “presión indebida” contra la Dinama dado que, a su juicio, el papel de ese organismo está “totalmente menospreciado”. Según Bacchetta, es llamativo que haya tanto apuro oficial cuando aún restan definir aspectos como el impacto ambiental del mineroducto.
Mujica ha enfrentado en forma pública a los ambientalistas y en los últimos meses intensificósu presión para firmar el contrato. El camino definido como prioridad por el mandatario para mantener la expansión económica fue la captación de inversión privada y antes de entregar la banda presidencial Mujica quiere ver concretada la llegada del mayor proyecto en la historia del país. Una fuente de Dinama dijo que ese organismo no tiene “nada que ver” con la firma del contrato. Desde hace dos años, un equipo técnico analiza la información que envió la minera Aratirí (Zamín Ferrous), aunque aún no se culminó ese proceso. Las negociaciones finales con Aratirí comenzaron en setiembre, luego de aprobada la ley de Minería de Gran Porte.
Se negocia precisamente en base a esa norma. Uno de los puntos en discusión es el plazo de vigencia del acuerdo que permitirá extraer hierro en la zona de Valentines, departamento de Treinta y Tres. Ese período puede ir de 15 a 30 años. La empresa había anunciado su intención de operar en el país durante dos décadas.
En tanto, los activistas en contra de la minería ponen a prueba su capacidad de organización para juntar las 280 mil firmas que necesitan (teniendo en cuenta el descarte) para lograr que junto a las elecciones nacionales de 2014 haya un plebiscito en el que los uruguayos decidan si quieren o no que se desarrolle la minería a cielo abierto.
Bacchetta, un periodista y activista de temas medioambientales. informó que están manteniendo reuniones periódicas para realizar una puesta a punto de los primeros días de la campaña. De todos modos, adelantó que en los primeros días hubo entusiasmo y optimismo generalizados.
