Gobierno proyecta dar pensión a hijos de asesinadas por violencia doméstica

Cada 35 minutos una mujer denuncia haber sido víctima de violencia doméstica en Uruguay. Y cada diez días, una de ellas muere. En gran parte de los casos, el victimario es su pareja o ex pareja, que termina en prisión. Y los hijos de esas mujeres muertas y padres presos, quedan de un día para el otro en la calle.

Por eso el gobierno dará una pensión especial a los huérfanos de la violencia doméstica. “Los menores son tan víctimas como las mujeres asesinadas. Normalmente terminan viviendo con familiares que en muchos casos ya tienen hijos, en núcleos donde también hay violencia doméstica, o en hogares del INAU. Y seguramente, muchos de estos jóvenes tienen un altísimo riesgo de reproducir esas situaciones de violencia tanto en el ámbito domiciliario como fuera de él”, dijo a El Observador el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, impulsor de un proyecto de ley en esa dirección.

La iniciativa de tomar medidas de amparo sobre los hijos fue de la diputada socialista Daisy Tourné hace varios años. Meses atrás trasladó su planteo a Brenta, que lo llevó ante el Consejo de Ministros para comenzar a trabajar en el tema. “Hace poco la hermana de una mujer asesinada por su pareja se hizo cargo de los cuatro hijos, que se sumaron a los cuatro propios. Esos niños reciben una pensión (por la muerte de su madre) que dividida entre los cuatro, queda en unos $ 500 pesos para cada uno. No es nada”, dijo en ese momento la legisladora al diario Ultimas Noticias.

Cómo y cuánto

El proyecto de ley, al que accedió El Observador, pone algunas condiciones para otorgar la pensión. Primero, se brindará a los hijos que al momento de morir la mujer sean solteros y menores de 21 años (salvo que a partir de los 18 tengan medios de vida propios) y a los solteros mayores de 18 e incapacitados para todo trabajo.

Estos jóvenes recibirán una pensión mensual equivalente al de la pensión por vejez o invalidez ($ 4.268) y una asignación famliar especial mensual de $ 865 para los escolares y de $ 1.168 para los liceales. Quienes padezcan una incapacidad física o síquica que no permita realizar tareas remuneradas también recibirán esta última cifra. La pensión no se generará en los períodos en que el beneficiario esté en atención de tiempo completo en el INAU.

Las personas que estén a cargo de los menores serán quienes administren la pensión. En tanto, la asignación se depositará en el Banco República, y el joven podrá disponer de esos fondos cuando cumpla la mayoría de edad.

Entre los requisitos para recibir la prestación, se deberá acreditar ante el BPS la “inscripción y concurrencia asidua” a institutos de educación estatales o privados (salvo en caso de discapacitados que acrediten que no es posible). También deberán acreditar la periodicidad de controles de asistencia médica, entre otros puntos. Si se comprueba que el menor no concurre al sistema educativo, la prestación se interrumpirá antes que cumpla la mayoría de edad, dependiendo del nivel educativo al que haya llegado.

Además, las prestaciones son incompatibles con la pensión por invalidez, con jubilaciones o pensiones por sobrevivencia o subsidio por incapacidad parcial (salvo que éstos fueren inferiores a la prestación), o con ingresos provenientes de actividades remuneradas. Los niños y jóvenes amparados en el proyecto de ley tendrán además asistencia psicológica y serán incluidos en el Fondo Nacional de Salud.

Que les sirva

Según indicó Brenta, el procedimiento, similar al que realiza el INAU de depositar el dinero de las asignaciones en cuentas en el BROU “es adecuado porque puede permitir al joven encarar su vida” a partir de la mayoría de edad. “La idea es que esta persona, que arranca con enorme desventajas, pueda tener un capital para tener un taller, un oficio, y seguir adelante con su vida”, dijo el ministro.

El texto cuenta con el respaldo del Poder Ejecutivo en general, por lo que se prevé que será enviado en pocos días al Parlamento.

El ministro no dejó afuera el paralelismo con los proyectos de la oposición que pretenden bajar la edad de imputabilidad.

“El proyecto pretende que la sociedad asuma su responsabilidad y proteja a los menores en la lógica de evitar la reiteración de estas prácticas u otras, en lugar de recurrir luego a reducir la edad de imputabilidad. Es una alternativa contrapuesta con aquellos que persiguen sólo la represión de los jóvenes sin atender el origen de sus problemas”, señaló.

La elaboración del proyecto estuvo a cargo del ministro Brenta y los directores de Seguridad Social de ese ministerio, Roberto Baz e Ivonne Pandiani. Colaboraron también representantes del BPS, el Banco República y el INAU.

Gobierno proyecta dar pensión a hijos de asesinadas por violencia doméstica

"Memoria criminal": la mujer sin nombre que apareció degollada en la Rambla y fue identificada con una muñeca de cera

Carlos Negro expresó "profunda indignación" por el homicidio de un bebé de un año y prometió que "ninguno va a detenerse hasta dar con los responsables"

Las secretarías de Derechos Humanos del gobierno en la mira: Presidencia mantiene respaldo a Casablanca y Collete Spinetti tras denuncias