Gobierno sigue instando al teletrabajo en el Estado aunque advierte acatamiento “dispar” y "difícil control"

¿Eso significa que se dejó de apelar al teletrabajo como herramienta para reducir la movilidad y las interacciones sociales? Según las autoridades, para nada. Desde el gobierno señalan que aún rige la normativa del 16 de diciembre, cuando en medio de un primer pico de casos se instó a trabajar a distancia en toda la administración pública y limitó la presencialidad a “casos excepcionales por la naturaleza del servicio”. Al mismo tiempo se exhortó al sector privado a implementar esa modalidad en la medida de lo posible. 

Pero aunque Lacalle Pou ratificó este martes ante el Consejo de Ministros la vigencia de esa medida, y llamó al gabinete a no descuidar su cumplimiento en la órbita estatal, en el Poder Ejecutivo reconocen ciertas “dificultades” para controlar la efectiva aplicación de la herramienta, que se implementa de forma “dispar”, según coinciden jerarcas del gobierno y representantes del sindicato de funcionarios públicos. 

En la administración central (Presidencia y ministerios) se ha observado un "alcance amplio" del trabajo a distancia –ya sea a través de teletrabajo a tiempo completo o guardias rotativas–, aunque una de las preocupaciones de los jerarcas es conocer cuál es la realidad detrás de los grandes números, por ejemplo respecto a la productividad. 

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo a El Observador que la disposición del gobierno para la administración pública es que "todo lo que se pueda hacer por teletrabajo, que se haga por teletrabajo", y agregó que se está trabajando junto a la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) para encontrar formas de ajustar los relevamientos y controlar de forma más efectiva el acatamiento. 

Entrevistado por En Perspectiva, Mieres dijo que la medida, de acuerdo a la evaluación del ministerio, "se sigue cumpliendo", aunque agregó que "puede discutirse si se podría aumentar el teletrabajo". 

Según el sondeo realizado por El Observador en distintas oficinas del Estado –tanto administración central como los servicios descentralizados– los regímenes de trabajo son variados, y van desde una acotada presencialidad con rotación de personal (algunos trabajan en la oficina una de cada tres semanas) hasta una afluencia importante de funcionarios, sobre todo en áreas como servicios esenciales, atención al público e inspecciones. 

En tanto, el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, dijo que "no hay un criterio uniforme en la administración" y remarcó que la "coyuntura" de la pandemia conspira contra una "discusión más profunda" sobre el mecanismo. 

"Es dispar. Cada organismo, ministerio, e incluso unidades ejecutoras dentro de cada ministerio tiene criterios diferentes. No hay un criterio unánime de cómo procesar el teletrabajo. En varios lugares hay una mayoría de funcionarios en teletrabajo, en otros hay atención por turnos y en otros lugares hay grandes líos porque los jerarcas no autorizan el teletrabajo", afirmó.

En el gobierno entienden que una de las dificultades para aplicar de forma efectiva el teletrabajo es la falta de capacitación de los mandos medios, que a veces no están suficientemente preparados para liderar a sus subordinados a distancia. En ese sentido, las autoridades observan diferencias entre algunas oficinas del estado con capacidades tecnológicas y de personal para funcionar de forma efectiva en régimen a distancia, y otros organismos en los que su aplicación es más tortuosa. 

López, por su parte, considera que "los principales promotores hoy de que el teletrabajo no esté tan desarrollado son los mandos medios de algunos organismos".

Si bien no quiso especificar casos puntuales en los que han identificado desencuentros entre los trabajadores y las jerarquías respecto al régimen de trabajo, uno de los conflictos en las últimas semanas se dio en el Banco de Previsión Social (BPS). La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) denunció ante la Inspección General de Trabajo y la Dirección General de Salud la decisión del Banco de Previsión Social (BPS) de retomar la presencialidad al 100% en sucursales de Montevideo.

La gerencia general tomó esa medida para disminuir los tiempos de espera que los usuarios se enfrentan al agendar los trámites, ya que algunas prestaciones registraban demoras de hasta seis meses. El sindicato pretende que la atención no sea 100% presencial y uno de sus argumentos es que los funcionarios deben atender a poblaciones de riesgo al covid-19, como los mayores de 65 años o personas con comorbilidades.