Grave daño institucional
Es la séptima vez que el gobierno frenteamplista cae en la inconstitucionalidad
Por quinta vez en siete años un gobierno frenteamplista cae en flagrante inconstitucionalidad, ahora con la reiteración de una propuesta presupuestal que ya fue rechazada el año pasado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Su nuevo intento de no cumplir pagos dispuestos por fallos judiciales es una perdigonada contra la división de poderes en que se basa el estado de derecho.
Está contenida en ese catálogo de desaciertos que es el proyecto de
Rendición de Cuentas, cuyo artículo 15 pretende que el Poder Ejecutivo quede "eximido de los plazos de cumplimiento" de pagos por juicios perdidos, si estima que "ello afecta la atención de los servicios a su cargo". El texto reitera una exención similar incluida en el presupuesto de 2016 y declarada inconstitucional por la SCJ. Previamente el máximo tribunal había tomado igual decisión en tres oportunidades contra artículos presupuestales o de la Rendición de Cuentas desde 2010.
Reputados constitucionalistas consultados por El Observador coincidieron en la gravedad del curso seguido por el gobierno al tratar de arrogarse el derecho a ignorar fallos judiciales de cumplimiento obligatorio sobre demandas o laudos arbitrales contra el Estado. Martín Risso denunció que el artículo, además de ser inconstitucional, "es de una trascendencia institucional altísima, pues afecta fuertemente el estado de derecho en nuestro país".
Ruben Correa Freitas explicó que una ley no puede eximir al gobierno de cumplir disposiciones constitucionales, en tanto Adrián Gutiérrez, experto en derecho administrativo, concluyó que el artículo cuestionado viola el principio de responsabilidad al darle al gobierno discrecionalidad para decidir cuándo y si paga lo dispuesto por la Justicia en demandas perdidas.
En esta oportunidad el segundo intento del gobierno de zafar de sus obligaciones parece tener nombre y apellido. Si se aprobara el artículo 15 evitaría indefinidamente el pago de US$ 40 millones adeudados a 3.700 empleados judiciales por un error garrafal de la administración Mujica. Cuando equiparó los salarios de los ministros de la SCJ a los de los secretarios de Estado no se dio cuenta de que igual porcentaje de aumento correspondía en cascada a toda la estructura judicial.
La demora en cumplir ha generado conflictos en el
Poder Judicial, cuyos funcionarios incluso paralizaron el lunes la actividad penal al ocupar los juzgados.
Pero los alcances de la norma propuesta por el Poder Ejecutivo van mucho más allá del caso específico de los funcionarios judiciales. Su aprobación dejaría a toda persona, empresa o institución que le gane un juicio al Estado sin saber si cobrará lo que le corresponde, quedando todo en suspenso a la espera de que el gobierno decida si puede o quiere pagar. La gravedad central, sin embargo, es el daño que se promueve contra el estado de derecho. Se conforma al darle al Ejecutivo poderes discrecionales a expensas de las facultades del Poder Judicial, cambio que supondría una fractura del equilibrio institucional del país.
Presumiblemente los senadores y diputados rechazarán la iniciativa gubernamental, como corresponde hacer con otros muchos artículos inconvenientes de la Rendición. Pero si no cumplieran esa obligación, el tema con seguridad será frenado por la SCJ, que desde hace años actúa con precisión ante los frecuentes traspiés constitucionales de los gobiernos de la alianza de izquierda.
