La eliminación de las divisiones caseras que arman los presos en las cárceles (denominadas “ranchadas”) y que aun persisten en diversos establecimientos carcelarios del país es la primera recomendación realizada por el comisionado Parlamentario, Álvaro Garcé, en el informe anual correspondiente a 2012 que fue presentado ayer en el Parlamento.
El documento al que accedió El Observador, dice que salvo excepciones, los locales penitenciarios no tienen habilitación de bomberos. “Si bien ha disminuido el número de incendios provocados por personas privadas de libertad, el riesgo objetivo persiste en los establecimientos en los que se acumulan grandes cantidades de materiales combustibles en los pabellones o celdas que deberían ser retiradas de forma inmediata”, dice el informe.
En este sentido, agrega que si bien hace dos años que se solicitó un pedido de informes sobre la habilitación de locales penitenciarios por parte de Bomberos, aun no se han brindado respuestas.
Por otra parte, indica que de los 29 establecimientos que tiene el país, en 15 no existe hacinamiento crítico. Hasta hace unos años casi la totalidad de los centros estaba en esa situación. No obstante, sostiene que ese indicador “no significa que el problema esté solucionado. Las cárceles departamentales de Artigas (208 %) y Mercedes (233%) son la que registran los niveles más elevados de sobrepoblación. Mientras que en la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Canelones (156%) y Comcar (147%) son los más sobrepoblados. La población reclusa era de 9.535 personas a octubre de 2012 y el 40% estaba presa en estos dos centros.
Garcé indicó que en el módulo 8 del Comcar todavía hay reclusos que duermen en patios, luego del motín que en abril de 2012 destruyó los pabellones cuatro y cinco. “La emergencia no sólo está en los patios del módulo ocho, sino en los módulos uno y dos. Están destruidos por dentro y porque tienen el triple de la población que pueden alojar. Cuando digo destruidos es el sistema sanitario que está desecho, el agua está cayendo permanentemente, la instalación eléctrica es un tendido de cables provisorio que está en el medio de todo eso, las celdas están boqueteadas y se puede pasar de un lado a otro”, dijo el comisionado en el programa Off de Record de Nuevo Siglo TV.
El informe sostiene además que ante el “incesante aumento” de la población reclusa es necesario de forma “urgente una corrección de la política criminal. Según Garcé la aplicación generalizada de la prisión preventiva desplaza otras opciones como la aplicación de medidas sustitutivas.
“Salvo que se opte deliberadamente por el camino del masivo encarcelamiento, es forzoso un replanteo de la política criminal (…) La prisión preventiva es en una práctica y no una excepción cautelar. A medida que pasan los años el encarcelamiento preventivo se extienden a más delitos y en cada caso se aplica por más tiempo”, dice el documento.
Del total de personas encarceladas el 64,5% (6.164) no tiene pena. Si se mantiene la tendencia de crecimiento anual de 7% verificada desde el 2006, a fines de este año la cantidad de personas encarceladas será de 10.200.
