Hay juicios laborales con un año de atraso y SCJ quiere más juzgados

Las sedes dan cita para abril y mayo debido al congestionamiento de expedientes

Daniel Gutiérrez Proto

A pesar de que a fines de diciembre del año pasado se aprobaron las modificaciones reclamadas por juristas –tras la declaración de inconstitucionalidad– de la ley de abreviación de los procesos laborales, la Suprema Corte de Justicia aún está preocupada por el congestionamiento de la tarea de las sedes. Es así que el saliente presidente del organismo, Leslie Van Rompaey, indicó ayer como una de las necesidades del Poder Judicial para este 2012 la creación de más juzgados de Trabajo, en especial de Instancia Única (de competencia en asuntos de ‘menor cuantía’, por reclamos menores a $ 81 mil).

“Un tema de especial tratamiento en los meses venideros es la Justicia laboral, que está en una situación caótica, con miles de expedientes por inconstitucionalidades y congestionamiento en los juzgados de Instancia Única”, afirmó Van Romapey. Y opinó: “Se deben aumentar los juzgados por creación de nuevos o transformación (de algunos ya existentes de otras materias)”.

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Hasta diciembre del 2011 eran unos 5.000 los expedientes elevados a la Corte por recursos de inconstitucionalidad de la ley laboral presentados por empleadores. Según pudo saber El Observador, la mitad fueron devueltos a las sedes laborales, que ahora, con el levantamiento de la Feria Judicial Mayor retoman su tratamiento.

Sin embargo, a los juzgados de Trabajo de Instancia Única de 1er, 2º y 3er turnos aún no han llegado expedientes desde la Corte. Una vez que los expedientes vuelven del máximo órgano del Poder Judicial, primero se da traslado de la demanda a la parte demandada y luego se fija audiencia para una fecha dentro del plazo de 10 días hábiles.

Además, hasta diciembre los tres tribunales de Apelaciones de Trabajo recibían unos 50 expedientes por semana, para analizar en un plazo máximo de 30 días, según indicó Luis Tosi, ministro de Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 2º turno. “Lo que nos llega es infernal y estamos tratando de cumplir con todos los plazos”, señaló el magistrado a El Observador.

Hay expedientes que llegan a los juzgados de instancia única devueltos desde la Corte con más de un año de antigüedad, según dijeron a El Observador fuentes judiciales.

En tanto, el abogado experto en derecho procesal y socio del estudio Rueda, Abadi & Pereira, Santiago Pereira Campos, contó que, dependiendo de cada juez, en Montevideo se han fijado audiencias de procesos laborales para marzo, abril y hasta mayo de este año.

La norma que creó el nuevo sistema (ley de abreviación de procesos laborales) fue aprobada por el Parlamento en 2009. En junio de 2010 la Corte declaró inconstitucionales dos aspectos de la ley: el que obliga a depositar el 50% del monto de la condena en casos donde se reclaman más de $ 81 mil y el criterio según el cual si el demandante no concurre a la audiencia se deberá disponer el archivo del caso, mientras que si el que no concurre es el demandado, el juez debe fallar con los elementos con los que cuente.

Ambos puntos fueron duramente cuestionados por los empleadores y presentaron masivamente recursos de inconstitucionalidad. El procedimiento legal indica que cuando una de las partes en un juicio plantea la inconstitucionalidad de una ley, el juez debe congelar el proceso hasta tanto se produzca la resolución de la SCJ.

Cuando la Corte comenzó a dictar sentencias, y los expedienetes volvieron a las sedes, se crearon tres nuevos juzgados de Instancia Única de Trabajo en abril de 2011, que se sumaron a los tres ya existentes en Montevideo desde 2010.

Cifras
$ 140.070
Es el costo mensual de crear un nuevo Juzgado de Trabajo, sumados el sueldo de tres funcionarios básicos: juez ($ 65.070 por 40 horas), actuario ($ 49.571 por 40 horas) y actuario adjunto ($ 25.429 por 40 horas).
50 Expedientes
Los tres tribunales de Apelaciones de Trabajo recibieron 50 expedientes por semana hasta diciembre. Algunos de esos expedientes databan de un año atrás, según explicaron fuentes judiciales.

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