Imputaron a siete personas por usurpación y robo de energía eléctrica en Santa Catalina

Según informó Subrayado y confirmó El Observador con fuentes del Ministerio Público, la Justicia impuso a los hombres medidas limitativas mientras continúa la investigación, como la obligación de constituir un domicilio y retirarse del lugar.

Con estas imputaciones, el fiscal Pérez alcanzó los 38 enjuiciados, en una causa que se inició a fines de enero de este año, cuando la Intendencia de Montevideo realizó la denuncia penal luego de que la comuna fuera advertida de la situación por el Municipio A. Se sabía que el día 23 del primer mes del año varios grupos de personas habían montado carpas en el lugar, y que se disponían a construir casas, algo que hicieron a la brevedad. Y, de acuerdo a la línea de investigación de Pérez, esa acción fue liderada por un grupo de narcotraficantes, algo que en paralelo es indagado por la Fiscalía de Estupefacientes.

"En la declaración del director de Asesoría Jurídica de la Intendencia (Ernesto Beltrame) figura que la ocupación comenzó con camionetas y vehículos de alta gama", señaló Pérez a El Observador en julio pasado, luego de haber logrado la imputación de otros 10. A Pérez le había llamado la atención el "ritmo vertiginoso" con el que empezaron a construir viviendas en el área. "Resultó llamativo la celeridad con la que se dio la ocupación, y la disponibilidad que tuvieron de algunos materiales, como la madera", relató.

"Esto está en la historia del narcotráfico, y es un fenómeno que ha ocurrido en Colombia, México y Brasil, y ahora se estaría instalando acá", advirtió entonces el fiscal, para quien lo que está ocurriendo en Santa Catalina –y que también sucedió en otros lugares, como en Casavalle, donde se desarticularon dos bandas de narcos que se disputaban la zona durante 2017 y 2018– es una situación en la que los delincuentes se aprovechan de la vulnerabilidad socioeconómica de determinadas personas para buscar refugio y extender sus negocios.  

Casi todos los indagados han sido imputados por usurpación, salvo en cinco casos en los que Pérez logró que fueran imputados por asociación para delinquir, un delito que tiene una pena de seis meses de prisión a cinco de penitenciaría.

El delito de usurpación tiene una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, la misma sanción que el de hurto de energía eléctrica.