Inclusión financiera gana espacio en las denuncias de consumidores

Los reclamos vinculados a beneficios tributarios se multiplicaron por seis en el último año

C. Pazos

La operativa con tarjetas de débito y dinero electrónico muestra una tendencia sostenida de crecimiento a partir de 2014, cuando se puso en marcha el programa de inclusión financiera. El uso del plástico gana terreno en el día a día de los uruguayos que dejan ver un cambio paulatino en sus hábitos al momento de efectuar los pagos.

Ante esta realidad, el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas recibe cada vez más consultas y denuncias que tienen como fondo el cumplimiento de los beneficios tributarios previstos por ley.

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En 2017 el total de consultas (el paso previo a la denuncia) por estos temas se disparó y pasó de 423 a 1.108 en la comparación interanual. De esa cantidad, hubo 1.055 que estuvieron vinculadas con la ley de inclusión financiera, según muestran los datos publicados por Defensa del Consumidor.

Los motivos más comunes que llevan a los consumidores a consultar son variados. Uno de ellos es que el comercio no aplica los descuentos de IVA para las operaciones con instrumentos de dinero electrónico que están vigentes por ley (cuatro puntos para débito, tiques de alimentación y tarjetas prepagas). Otros aspectos que suelen estar son la discriminación entre pago efectivo y pago con débito, y la exigencia de mínimos para la compra con tarjetas o instrumentos de dinero electrónico.

Más denuncias

Del conjunto de consultas recibidas el año pasado, hubo 286 que ameritaron denuncias de los consumidores. Esa cantidad es casi seis veces mayor a las 51 denuncias que se habían registrado en 2016 y a igual cifra de 2015. Los comercios que no cumplen con las normas son pasibles de sanciones, que pueden ir desde el apercibimiento a la multa, según la gravedad de la situación.
Por ejemplo, para el caso de los comercios que aceptan medios de pago electrónicos, pero limitan su uso estableciendo mínimos, la multa en caso de constatarse la reiteración de la falta tiene un piso de 20 unidades reajustables ($ 20.430 a valores actuales).

El cambio en este punto de la ley de inclusión financiera había sido largamente reclamado por los usuarios. Ello porque hay locales que permiten que sus clientes paguen su compra con medios de pago electrónicos, pero siempre que el saldo a cancelar supere el mínimo que, de forma arbitraria, fija el comerciante.

En la lista de asuntos por los que los consumidores consultan hay también algunos menos comunes, como datos y formalidades exigidas por el comerciante al tarjetahabiente o descuentos menores a los legales.

Los comercios que aceptan pagos con tarjeta de débito o dinero electrónico deben exigir solamente el código de identificación personal (pin, por su sigla en inglés) cuando la venta por cobrar es inferior a 5.000 unidades indexadas (unos $ 18.595 a la cotización actual). Esto no rige para las operaciones con tarjeta de crédito o las compras que se realizan con medios electrónicos emitidos en el exterior.

Servicios financieros

Una de las áreas que tradicionalmente recibe infinidad de consultas es la de servicios financieros, y el 2017 no fue la excepción. En total hubo 5.143 ese año y al igual que con los beneficios tributarios la lista de motivos es extensa y variada.

Problemas con tarjetas de crédito, cajas de ahorro, cuentas corrientes, clearing de informes, préstamos y cuotas sociales de las cooperativas son algunos de los temas que dan pie a las consultas. De ellas, solo 21 terminaron en denuncia.

A modo de ejemplo, la tarjeta de crédito amerita consultas de los consumidores por refinanciaciones y acuerdos de pagos de los saldos adeudados, reclamos por compras no realizadas, solicitud de baja de las tarjetas, reclamos por débitos automáticos, extravío o hurto de la tarjeta, costos fijos anuales y cálculo de intereses por el atraso en el pago.

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