Indagatoria por ASSE se cierra con un procesado

La jueza del caso Dolores Sánchez deberá resolver si hace lugar al pedido de procesamiento, con lo que se cerrará el caso. Fuentes del caso dijeron a El Observador que no hay más indagados por esta causa y que si bien había declarado la exministra de Salud, Susana Muñiz, y otros ex jerarcas de ASSE, lo hicieron en calidad de testigos, dijeron las fuentes.
García era investigado junto a Federico Eguren, exdirector del hospital Pereira Rossell y Rodrigo Barcelona, exdirector del Hospital Pediátrico de ese centro, por presuntas irregularidades en la contratación de servicios de ambulancias en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), de la que son dueños.

Sin embargo, Pacheco deslindó de responsabilidad penal a Barcelona y a Eguren porque “si bien están ligados funcionalmente a ASSE ninguno de ellos intervino en los procesos licitatorios en calidad de Directores u ordenadores de gastos”. 

“Ha quedado probado que Barcelona se desempeñó como médico pediatra del Hospital de Bella Unión hasta el mes de setiembre de 2013, pero sin vinculación con la Dirección y que el doctor Eguren estuvo encargado de la Dirección del Hospital de Bella Unión entre 2007 y 2012, fecha en la que fue trasladado a la Dirección del Hospital Español en Montevideo, por lo que tampoco tuvo injerencia ni participación alguna en las etapas de los procesos licitatorios, ni en la contratación directa de la empresa en los primeros meses del 2013”, aseguró el fiscal.

La conjunción de intereses

Según Pacheco, se pudo comprobar que García hizo llamados a licitación de ambulancias “para traslados comunes y especializados de pacientes del hospital del que era director, a sabiendas o siendo por lo menos más que presumible que la única empresa interesada en comparecer al llamado” era la suya.

El delito de conjunción del interés personal y del público, previsto en el artículo 161 del Código Penal, castiga con penas de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 a 10.000 Unidades Reajustables a quien se interese en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su cargo con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero, u omitiere denunciar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado.

Para Pacheco es claro que García “tendió a favorecer los intereses de U E M (S S.R.L.), empresa privada a la que se hallaba notoriamente vinculado desde sus inicios, y de la que era socio fundador, si bien había cedido formalmente sus cuotas un mes antes del primer llamado a licitación”.

El fiscal indicó en su dictamen que si bien García había cedido sus cuotas (de la empresa de ambulancias) a los demás socios, “surge del expediente que el trámite de cesión aún no había concluido” cuando se hizo el llamado a licitación. 

Para Pacheco, “la cesión de cuotas del doctor García en favor de los restantes socios, materializada apenas el mes previo al llamado licitatorio, aparece como un intento meramente formal de desvincularse de la empresa privada a los efectos de evitar incompatibilidades funcionales”, porque luego recuperó “las cuotas cedidas”.

“Si bien en su declaración intenta explicar la cesión de cuotas como una decisión motivada por otras cuestiones personales, es más que sugestivo que con posterioridad a su gestión como encargado de la dirección del hospital, haya recuperado las cuotas cedidas, lo que constituye un indicio de que la cesión obedeció únicamente a la intención de evitar aparecer como formalmente ligado a la empresa privada”, indica el dictamen publicado por la Fiscalía.

“Obran elementos de convicción para entender configurado el delito de conjunción del interés personal y del público, por cuanto el entonces encargado de la dirección del Hospital de Bella Unión llamó a licitación para traslado de pacientes, a sabiendas de que la empresa fundada por él mismo –aún cuando se encontraba en trámite de desvinculación formal- sería posiblemente la única oferente y adjudicataria, como efectivamente sucedió”, agregó.

El fiscal también confirmó que García  “intervino en la resolución que llama a licitación y en la resolución de adjudicación de la licitación”.

La denuncia había sido presentada de oficio en 2016 por el fiscal Carlos Negro, quien en ese entonces era también titular de una fiscalía de Crimen Organizado, y también formó parte de la investigadora parlamentaria por ASSE.