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La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) denunció este jueves los abusos cometidos por la Policía en el barrio Santa Catalina, que terminaron con la muerte de Sergio Lemos.

El presidente de la INDDHH, Juan Raúl Ferreira, achacó ese caso a "carencias en la formación del personal subalterno de la policía, especialmente en el uso de armas de fuego" e instó a "acabar con estas malas prácticas".

A principios de noviembre, un policía mató al joven de 19 años, tras pensar que se trataba de un delincuente que acababa de asaltar una panadería. Según la investigación posterior, quedó descartado que Lemos tuviera participación en el robo o que hubiese disparado un arma. Las pesquisas determinaron también que los policías dejaron un arma junto al cadáver del joven para tratar de involucrarlo en el robo. El agente que disparó fue procesado y encarcelado por un delito de homicidio.

Por su parte, el director de la INDDHH, Juan Faroppa, insistió en la "necesidad de capacitación permanente" para los mandos policiales en el "uso de la fuerza legítima, que no es lo mismo que la violencia".

Precisamente, la INDDHH analizó otros casos referidos a denuncias por un supuesto "uso excesivo de la fuerza y malos tratos por parte del personal policial" durante las manifestaciones del 14 y el 24 de agosto de 2013 en Montevideo, en recuerdo de víctimas de la dictadura.

Los representantes de la institución lamentaron la "falta de respuesta del Ministerio del Interior" con respecto a las denuncias por malos tratos en dependencias policiales presentadas por varios de los participantes en la marcha del día 24.

El organismo también intervino en el caso de la joven Lorena Fagúndez, una amiga de Sergio Lemos que acudió a un hospital para interesarse por el fallecido, y denunció haber sufrido entonces maltrato por parte de la policía.

La INDDHH es un órgano estatal autónomo que funciona en el ámbito del Poder Legislativo, y lleva en ejercicio casi dos años.

Entre sus funciones se encuentra la de vigilar el "respeto, promoción y plena vigencia de los derechos humanos" en Uruguay, así como recopilar e investigar denuncias de casos de discriminación o malos tratos y prevenir la tortura.
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