Intendencias gastaron a cuenta del ICIR y ahora están en un brete

Intendencias debieron frenar limitaciones para comprar maquinarias o concretarlas con recursos propios

La inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR), golpeó al gobierno y sobre todo a las intendencias del interior del país, algunas de las cuales habían empezado a gastar a cuenta de lo que recibirían para mejorar la caminería rural, destino principal del tributo cuestionado.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) las dejó con las manos vacías, al menos por ahora, mientras el Poder Ejecutivo maneja alternativas al ICIR. Con ese tributo, según estimaciones oficiales, se pensaba recaudar US$ 60 millones para arreglar los caminos internos de los departamentos que sufren un gran deterioro por el crecimiento que tuvieron sectores como el maderero o la soja. También los camiones con ganado son los que rompen las rutas.

Ahora, con el sustituto del ICIR, el gobierno piensa obtener “un plus” con el cual apoyar, además de a la caminería rural, a la industria de valor agregado que enfrenta problemas.

En este tema del ICIR los intendentes, varios de ellos de oposición, están alineados con el presidente José Mujica con quien mantienen un diálogo fluido. De hecho, la idea del ICIR surgió de Presidencia –con el trabajo técnico de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y no del Ministerio de Economía– y tuvo el apoyo mayoritario de las comunas.
En la memoria anual de la OPP en el capítulo referido al ICIR y la caminería rural publicada el viernes pasado, nada se dijo de la declaración de inconstitucionalidad del impuesto que tenía por objetivo “desalentar la concentración de la tierra”.

En diciembre de 2012, el primer pago a cuenta del ICIR recaudó US$ 9 millones. La recaudación, según la ley 18.876, tiene “por objeto fundamental atender los gastos e inversiones atinentes a la caminería rural departamental”. La memoria de la OPP estableció que con las intendencias se diseñó la compra de maquinaria vial “por primera vez” por un monto aproximado de US$ 50 millones. Por eso, varias comunas avanzaron en las licitaciones para la compra de maquinaria y, tras el fallo de la Suprema Corte, debieron abortar el proceso o recurrir a sus arcas.

Los intendentes

“Alguna vuelta le vamos a encontrar”, dijo en tono de broma el intendente de Treinta y Tres, Dardo Sánchez. La comuna olimareña esperaba con ansiedad los US$ 2 millones que le corresponderían por la recaudación del ICIR, pero el primer fallo de inconstitucionalidad emitido por la Suprema Corte los complicó. El gobierno departamental ya había abierto la licitación para la compra de maquinaria y estaba a punto de adjudicar la importación, pero de un día para otro hubo que parar el proceso.

Sánchez contó a El Observador que mientras se espera que el Poder Ejecutivo implemente un nuevo tributo que permita hacerse de los fondos que inicialmente estaban previstos, “no les quedará otra” que seguir utilizando la vieja flota de máquinas que está “muy deteriorada” y que implica costos de mantenimiento cercanos a lo US$ 700.000 anuales.

Desde hace años, la Intendencia olimareña recibe colaboración de los productores arroceros que aportan dinero, maquinaria y recursos humanos para reparar la caminería rural. Al igual que sucede en otras zonas del país, en Treinta y Tres existe una importante presencia de empresas dedicadas a la forestación y el cultivo de soja. La comuna tiene previsto comenzar a negociar con esos productores para que presten algún tipo de ayuda voluntaria. Sánchez afirmó que esos sectores son los que más utilizan los caminos y los que menos aportan.

En Cerro Largo, la Intendencia había comprado máquinas usadas hace dos años en un remate público en EEUU y ahora esperaba que se depositaran en sus arcas alrededor de US$ 4 millones para comprar nuevas y empezar a vender las viejas que son mayoría en una flota de entre 50 y 60 unidades. “Las consultoras que asesoraron a la gente que reclamó le hicieron un daño a la infraestructura y a los propietarios reclamantes. Las soluciones que salgan les van a salir más caras y parte de esa plata puede terminar en rentas generales y no en los caminos”, dijo a El Observador el intendente arachán Sergio Botana.

El gasto anual en reparación de caminos que tiene la Intendencia arachana es de US$ 3,5 millones. En la actualidad se cobra una tasa departamental al transporte de carga que permite recaudar alrededor de US$ 1 millón que sirve como paliativo, pero que según Botana no es suficiente para mantener la caminería interna. El jefe comunal expresó que el crecimiento de la producción obliga a que el arreglo de los caminos se haga con la carga de material suficiente para que la reparación dure unos cuatro meses, porque otro tipo de tratamiento hace que en 25 días esté otra vez en malas condiciones.

En el caso de San José, la licitación para la compra de máquinas se había empezado en julio cuando la OPP pidió que se adelantaran los trámites, pensando que se contaría con el dinero en marzo. El intendente José Luis Falero dijo a El Observador que hace unos meses se hizo una primera compra en la que se gastaron US$ 1,2 millones, a cuenta de los US$ 2,1 millones que se iban a percibir por el ICIR. Ahora se recortarán gastos de funcionamiento para abatir el desfasaje generado en la caja de la comuna maragata. En Soriano, la Junta Departamental ya aprobó un préstamo de U$S 2 millones por parte del Banco República para la adquisición de máquinas y vehículos. La operación será por US$ 2, 6 millones y en parte se cubrirá con dinero de caja, por lo que no se frenarán las inversiones que estaban planeadas.

Algo similar sucede en Colonia, donde ya se tramitó la importación porque se tiene margen para solventarla con capital propio. En Durazno se amplió la licitación para renovar la flota de máquinas que requerirá invertir US$ 2,5 millones que saldrán de las arcas municipales.

La semana pasada el gabinete productivo empezó a estudiar una alternativa al impuesto a las grandes extensiones de tierra.

El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, entregó al presidente José Mujica una propuesta que incluye restituir el cobro del impuesto al Patrimonio y crear un adicional a la Contribución Inmobiliaria rural, entre los propietarios que tiene más de 2.000 hectáreas. El proyecto está a estudio del presidente Mujica, quien seguirá adelante con su idea de gravar la concentración de tierra.

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