Intendentes salen al cruce del gobierno por artículo sobre costos de regularización de asentamientos

De aprobarse este texto, la administración de Luis Lacalle Pou estaría habilitada a descontar partidas transferidas a través del artículo 214 de la Constitución de la República, que constituye el ingreso más fuerte que perciben las intendencias de parte del gobierno nacional. 

El tema será tratado este jueves en la Mesa del Congreso de Intendentes, que preside el nacionalista Carmelo Vidalín (Durazno) y secunda el frenteamplista Andrés Lima (Salto). La inquietud no distingue entre fuerzas políticas y, como titulares de gobiernos departamentales, los dos están en contra de la disposición del Poder Ejecutivo.

"Con lo único que estamos de acuerdo es con la parte programática, donde dice que no debe haber asentamientos. Pero con el resto del articulado no estamos de acuerdo. Los motivos que tenemos es que hay que ser muy cuidadosos y responsables cuando se tocan recursos que están consagrados por la Constitución de la República, y que se plantea modificar a través de una ley", dijo Lima a El Observador. 

El jerarca arremetió contra la administración de Lacalle Pou por no haber consultado a los jefes comunales. "Hay que sacarlo de la Rendición de Cuentas y sentarnos a hablar con el Congreso de Intendentes y el gobierno nacional. Si se ha generado la suficiente confianza, lo mejor es trabajarlo por fuera de la rendición y buscarle una solución de común acuerdo", expuso el salteño. 

"Supongamos que se vote: sería necesaria una ley especial que disponga cómo se hace en la práctica ese resarcimiento por la cuestión de las autonomías departamentales", planteó Lima. En este sentido se pronunció Vidalín, del sector político del propio mandatario, quien se limitó a declarar a El País: “Entendemos que debe ser un grave error del gobierno haber incluido esto en la Rendición de Cuentas, porque considero que es inconstitucional”.

Otros intendentes también hicieron público su malestar en diálogo con La Diaria. El sanducero Nicolás Olivera opinó que una medida de este tipo suponía “abrir una puerta que es brava” a “una suerte de Gran Hermano en que el gobierno nacional empiece a controlar omisiones de los deberes que tienen las intendencias”. 

Montevideo es el departamento con más asentamientos del país, seguido de Canelones —ambos territorios gobernados por el Frente Amplio— y los del litoral norte: Artigas, Paysandú y Salto. 

El diputado oficialista Alfonso Lereté ha arremetido en varias ocasiones contra las ocupaciones de terrenos y formación de asentamientos bajo la jurisdicción de Yamandú Orsi. En entrevista con Informativo Carve, el legislador dijo que espera que este artículo “pueda corregir esta conducta de los gobernantes”, y refirió a "un tsunami de ocupaciones" en la zona que va desde Neptunia hasta Jaureguiberry. 

Las políticas territoriales de las intendencias es uno de los aspectos bajo el radar del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, según había adelantado su subsecretario Tabaré Hackenbruch en entrevista con El Observador.

Consultado sobre si las comunas cumplían un rol de "policía territorial", el jerarca batllista respondió: "En los hechos reales, no. En los últimos 25 años los asentamientos han continuado en aumento a pesar del esfuerzo de todos los gobiernos". Una de las medidas sobre la mesa es un estudio de la ley de Ordenamiento Territorial, para el que la cartera espera llegar a una fase legislativa para fin de año. 

La vivienda es uno de los ítems prioritarios de la Rendición de Cuentas. Tras un acuerdo con los líderes de la coalición de gobierno, Lacalle Pou había anunciado a fines de junio la creación de un nuevo fideicomiso "para avanzar más rápidamente en la regularización y relocalización de asentamientos”. Dicha herramienta se nutrirá del dinero que el Instituto Nacional de Colonización (INC) utiliza para la compra de nuevas tierras.