Nacional > ENTREVISTA A TABARÉ HACKENBRUCH
Hackenbruch: erradicar asentamientos costaría "más de US$ 2.000 millones" y "supera la posibilidad de cualquier gobierno"
El subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) tiene una tarde pesimista. Tabaré Hackenbruch (Batllistas) pone en palabras una cruda realidad: ningún gobierno va a poder erradicar los asentamientos. Solo regularizar los más de 600 existentes costaría más de US$ 2.000 millones, una inversión que "supera la posibilidad" de cualquier período.
Para conversar sobre las deudas de la cartera, los procesos enlentecidos, la trama judicial por el asentamiento Nuevo Comienzo y las apuestas políticas de la Secretaría de Estado que lidera Irene Moreira, Hackenbruch recibió en su despacho a El Observador.
La Intendencia de Montevideo (IMM) informó sobre la suspensión de realojos a pedido del ministerio por no disponibilidad de fondos. Hay más de 900 personas esperando que se concreten. ¿Cómo se va a trabajar ahí?
Hay que aclarar de dónde arrancamos. Agarramos un gobierno con un importante déficit fiscal y deterioro de las cuentas del Estado. Eso llevó a tener que ordenar las finanzas, más los problemas operativos por el covid-19. Entre octubre y febrero del 2020 se firmaron convenios entre el gobierno del momento y la intendencia por $470 millones. En pleno cambio de mando, eso compromete. Pensamos que en el correr de este año, a medida que se vayan liberando las partidas, se van a poder continuar los realojos. Esperamos tener 230 viviendas para unas 900 personas, y pasar $375 millones a la intendencia en lo que queda del año. Pero también hay atrasos con otras intendencias y convenios que van a ir generando nuevas deudas.
¿De dónde sale la plata que no está hoy pero sí va a estar mañana?
Sale de fondos genuinos del Fondo Nacional de Vivienda. Una parte viene de Rentas Generales y otra de las viviendas que el ministerio tiene alquiladas o arrendadas. Pero una cosa es la disponibilidad de recursos y otra es el tope del gasto del decreto 90/020. Ahí vos tenías recursos que no podías gastar. Ese ya no está corriendo.
¿Fue ese decreto de Presidencia lo que complicó?
Complicó todo. A veces las deudas no son tan lineales y hay todo un proceso enlentecido por la falta de presencialidad. También la situación económica recibida llevó a una reprogramación.
A fines de febrero anunció que preparaban junto a la ministra una propuesta de declaración de emergencia habitacional para presentar a Presidencia, pero no hubo novedades. ¿En qué está ese trabajo?
Eso está en la Ley de Urgente Consideración que hoy se quiere derogar. En coordinación con gobiernos municipales y Presidencia, es una herramienta que tenemos y se puede utilizar llegado el momento.
¿Ya no le ponen fecha?
No, no tiene fecha determinada.
Estaba previsto financiar esa herramienta a través de la venta de inmuebles del Estado. ¿Ya hay recursos disponibles por ese concepto?
Aún no. Estimamos que a través de ese fideicomiso se pueden recaudar entre US$80 millones y US$ 100 millones. Nosotros arrancamos el 1° de marzo con un déficit de entre 60 y 70 mil viviendas, y unos 650 asentamientos. En promedio, cada regularización lleva entre US$3 millones y US$4 millones. Estamos hablando de que para solucionar la problemática de los asentamientos existentes —no hablamos ya de su prevención— se necesita una inversión superior a los US$ 2.000 millones. Eso supera la posibilidad de cualquier gobierno.
En el marco de este nuevo diálogo afinado con las intendencias, ¿qué aspectos hay que cambiar?
Es muy importante que cumplan fuertemente con el rol de policía territorial, de evitar que se formen nuevos asentamientos.
¿Hoy no lo cumplen?
En los hechos reales, no. En los últimos 25 años los asentamientos han continuado en aumento a pesar del esfuerzo de todos los gobiernos.
Eso requeriría más recursos...
Más recursos, pero fundamentalmente una acción bien coordinada mediante una revisión de la Ley de Ordenamiento Territorial. Hoy está a estudio en el ministerio y va a tener su instancia parlamentaria. Es muy importante ver una forma de acceso a la tierra que sea un poco más económica. Leyes que a veces son muy duras o encorsetadas, terminan generando un problema no previsto. En este caso fue el encarecimiento de la tierra.
¿Qué es lo que está encorsetado?
Tiene que haber un papel más fuerte de los gobiernos locales con respecto a las políticas de fraccionamiento. Las ciudades del interior crecieron con un fraccionamiento desordenado hasta la década de 1960. Después vino la ley, una herramienta que el país necesitaba. Pero eso llevó a que los costos finales del fraccionamiento pasaran al desarrollador, y él lo pasa al precio del metro cuadrado. Hay que darle más libertad a los gobiernos departamentales para que generen el desarrollo de la trama urbana, pero que permita un mejor acceso de la ciudadanía a los terrenos.
¿Para cuándo apuntan llegar a la etapa legislativa?
Los tiempos se nos han ido estirando. Nuestra intención era que después de (la semana de) Turismo ingresara al Parlamento. Pensamos que va a estar para fin de año.
El presidente Luis Lacalle Pou designó al frente de la Dirección de Integración Social y Urbana (Dinisu) a Florencia Arbeleche, hermana de la ministra de Economía. Ya en el debate parlamentario su creación no había estado exenta de roces entre Presidencia y la cartera. ¿Cómo va a ser el trabajo de esa repartición?
Tenemos muchas expectativas. A la arquitecta Arbeleche la hemos visto con un celo profesional muy fuerte, con programas que ya tienen historia: el Programa de Mejoramiento de Barrios, el Plan Nacional de Localizaciones y el Plan Juntos. Una visión holística va a permitir que se usen los recursos de mejor manera.
¿Cuánta participación tiene Presidencia? El tema había sido motivo de disputa.
Se discutió si la política tenía que ser a través de un organismo desconcentrado dentro del ministerio, o como una dirección nacional. Eran dos visiones dentro de la coalición que querían hacer las cosas lo mejor posible. Todos cedimos un poco y se logró una solución muy buena. La ministra y yo estamos contentos de que los tres partidos de la coalición formen parte del ministerio.
¿En qué está el fideicomiso para construir viviendas para personas de clase media?
Hoy está en un proyecto de decreto que tiene el Ministerio de Economía y de ahí pasa a Presidencia. Ya tenemos la reglamentación de ese decreto; se la enviamos a la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto). Aspiramos a lanzar la primera etapa del fideicomiso en el correr de junio. Pero no quiero cerrar una fecha: los tiempos del Estado lamentablemente no son los tiempos de la gente. Va a ser un elemento dinamizador de la economía, generando empleo genuino en la construcción, atendiendo a la pequeña y mediana empresa, a sectores sin capacidad de ahorro .
Habían anunciado un plan para abaratar el precio del metro cuadrado a través del uso de métodos de construcción no tradicionales. ¿En qué está ese proceso?
Se aprobó el CIR (para sistemas constructivos no tradicionales), que es un trámite de homologación que no sustituye al DAT (Documento de Aptitud Técnica). El CIR te facilita la homologación de estudios traídos de sistemas que funcionan en otros países. Hace poquito se homologó el primer sistema constructivo no tradicional, y esperamos que eso aumente la oferta. En esto tiene que convivir con el sistema tradicional. Los procesos y la industrialización ayudan a abaratar costos. Con el fideicomiso, el metro cuadrado va a tener un precio tope.
¿De cuánto?
Va a ir cambiando según algunos parámetros. Con el Congreso de Intendentes —y reuniones que ha tenido la ministra con la intendenta de Montevideo— estamos viendo reglamentaciones que hoy generan costos agregados. Por ejemplo, estamos pidiendo que para este plan del Entre Todos no se exija la misma cantidad de estacionamientos que se exige en otros proyectos, porque eso va al precio final. En las intendencias del interior ver de tener en cuenta el factor de ocupación o de altura, para que sea más flexible. También hablamos para que los proyectos con el CIR o el DAT sean automáticamente homologados.
¿Ya hay empresas interesadas?
Prácticamente todas las semanas recibimos interesados.
¿Se puede llegar a la meta de US$ 1.500 por metro cuadrado?
No va a estar cerrado, pero hasta que el reglamento no esté aprobado, no puedo hacer públicas algunas informaciones. Pero es un precio razonable para casas de dos dormitorios y un baño en el entorno de los US$ 50 mil.
Nuevo Comienzo: "No es la forma de acceso a la vivienda y se genera un mensaje muy complejo"
Primero, el ministerio a nuestro entender cumplió.
Para nosotros cumplimos con los tres, porque al darle un subsidio de vivienda al 100%, se cumple con el dictamen judicial.
Esto empieza con una ocupación en plena feria judicial y cambio de gobierno, y la denuncia del privado y la intendencia. Se determina el desalojo y algunas familias hacen una acción de amparo frente a un Juzgado de Familia. Ahí intiman al ministerio —en un caso en 24 horas y en otros dos en 72 horas— a dar una solución habitacional. Para el de las 24 horas pudimos proveer una vivienda, y en las otras dos, como forma rápida, resolvimos dar un subsidio del 100% del alquiler. Estamos convencidos que esta no es la forma de acceso a la vivienda y que se larga un mensaje muy complejo: 'Ocupá que si tenés niños vas a tener una vivienda a través de los Juzgados de Familia cuando te desalojen'. La vivienda en la Constitución es un derecho programático. No obliga al Estado a dar el 100% de viviendas al 100% de la población.
Está esperando a que lo vengan a buscar. Es un subsidio en el que vos, yo y todos los uruguayos les salimos de garantía y les pagamos el alquiler.
No, eso lo consigue el abogado o la persona.
No debería ser necesario porque la Constitución es muy clara. Pero a veces se necesita para aclarar lo que ya está claro. Por eso fuimos al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y planteamos acompañar el proyecto, para que la coalición, y si es posible el sistema político, den un mensaje claro. Lo importante es que puso la problemática en la agenda nacional. Acá hay políticas que se tienen que construir entre todos los partidos y pasar los gobiernos. Sino, va a ser muy difícil encontrar una solución.
No hay duda: cumplir lo que dictamine la Justicia. Pero creemos que no se va a generar esa deuda.
