19 de marzo 2024 - 5:01hs

La investigación administrativa de más de 20 mil páginas sobre las adjudicaciones directas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) echa por tierra varios puntos del relato esgrimido por Cabildo Abierto para defender el accionar de la exministra Irene Moreira. 

El documento, al que accedió El Observador a través de un pedido de acceso a la información pública, plantea una óptica mucho más crítica respecto a la plasmada por el actual jerarca Raúl Lozano en la resolución divulgada semanas atrás. La decisión del MVOT de deslindar a Irene Moreira –bajo la premisa de que sus mensajes para adjudicar viviendas no pueden entenderse como "orden" o "mandato"– llevó a que solo se observara a los funcionarios implicados en los trámites, algo que fue cuestionado por el sindicato y por COFE. 

Tanto la instructora de la investigación Daiana Da Silva, como la directora de Jurídica, Marcia Senattore, apuntan que tanto las adjudicaciones directas como el mecanismo de "planillas puertas abiertas" fue a todas luces violatorio del principio de igualdad, buena fe, transparencia, habiéndose actuado con arbitrariedad, no siendo esta la conducta esperada de una buena administración", tal como adelantaron radio Universal y El País. 

Las conclusiones apuntan tanto contra Irene Moreira como a quien era su director de Vivienda, Jorge Ceretta, cesado meses atrás por Lozano.

Más noticias

Casos no eran urgentes

Contrario a la interpretación del actual ministro cabildante, el extenso informe apunta que "la arbitrariedad no solo radica en que los trámites se inician con un correo de la secretaría de la exministra disponiendo la adjudicación –no el análisis o evaluación como hubiera correspondido– sino que las mismas no se enmarcan en situaciones de emergencia". 

Si bien Cabildo Abierto se ha amparado en estar utilizando una resolución del 2009 que habilita a la reserva de cupos en complejos habitacionales, la instructora explicita que "lejos está" lo actuado de lo establecido en esa norma, "en la medida que los beneficiarios no presentaban restricciones socio-económicas para alcanzar los requisitos" definidos para estar en los llamados. 

La directora de la División Jurídica, en tanto, refirió a un "grave apartamiento de las normas aplicables", "privilegiando a ciertos ciudadanos por encima de otros en la misma situación", con "abuso y exceso de poder". 

Diego Battiste Manini Ríos continúa defendiendo a capa y espada lo actuado por la exministra

Moreira, por ejemplo, dijo en la investigación administrativa que las personas derivadas por "puertas abiertas" –un mecanismo por el que cada 20 días las autoridades remitían pedidos– "fueron consideradas siempre familias en situación de extrema vulnerabilidad o emergencia habitacional". Pero la instructora es categórica en afirmar que "en ciertos casos se trataron situaciones como si fueran de emergencia habitacional, cuando en los hechos no lo eran". 

Respecto a las adjudicaciones de vivienda estudiadas, confirma que todas las familias "tenían ingresos superiores a la línea de pobreza" y que "su trayectoria habitacional no presentaba problemas de gran magnitud, más que el sueño de acceder a una vivienda propia, como ocurre con la mayoría de los uruguayos". 

Si bien la resolución divulgada por el ministro Lozano cita que "la reserva de cupos" establecida por su antecesora "no es ilegítima" sino "justamente un instrumento válido" para "contar con viviendas para atender situaciones" de emergencia –como violencia de género o testigos protegidos–, la instructora Da Silva añadía párrafo aparte que "contrario a derecho" el destino que Irene Moreira había dado a esos cupos reservados era "antijurídico".  

Circular sin fundamento

Mientras que Cabildo ha argumentado que su accionar se ajustó a una circular firmada por el exdirector Ceretta en agosto de 2022 para explicitar el procedimiento para las adjudicaciones, la investigación anota que "previo a su creación no fue analizada por ningún equipo jurídico ni de" la Dirección Nacional de Vivienda "ni de" Dirección General de Secretaría"

La instructora añade que "tampoco surge de la misma el fundamento legal de su aplicabilidad". "Tal es así, que al ser interrogados funcionarios y autoridades respecto a 'quién o quiénes elaboraron el procedimiento (...) y en base a que normativa' existen una serie de incongruencias", aclara. 

Lozano dejó sin efecto dicha circular al asumir. 

Contradicciones de Irene Moreira

La instructora Daiana Da Silva aseguró que la declaración de Irene Moreira en la investigación "se contradice" con lo expresado por los propios funcionarios, en tanto la exjerarca solía justificar las adjudicaciones en base a que eran validadas por informes técnicos, incluso los casos más polémicos, como el de la militante cabildante Mónica Píriz y el de su exempleada Cintia Teodoro. 

El documento establece que "del análisis de la prueba documental y testimonial surge con claridad meridiana que las solicitudes de reservas de cupos, así como la derivación de la familia para ser adjudicada a una vivienda en forma directa (...) procedían desde la secretaria ministerial". 

Si bien la exministra y el líder Guido Manini Ríos han afirmado que "solamente" fueron dos los "casos cuestionados" y no "decenas" como acusó la oposición, al tiempo que no tuvieron ningún costo por ser "arrendamientos con opción a compra" en que los beneficiarios pagaban sus cuotas, en la investigación hubo reparos a varios episodios más. 

A priori, en los únicos dos casos de este tipo, se concluye que las beneficiarias –ambas vinculadas a la exjerarca cabildante– no estaban "en situación de emergencia habitacional". Por ejemplo, la familia de quien fuera su empleada doméstica estaba por debajo de la línea de pobreza, pero al mismo tiempo "habían arrendado durante varios años, sin mediar ninguna orden de desalojo o problemas edilicios".

La investigación reprocha además que la solución brindada en el complejo de Timoteo y Victora fue "de carácter definitivo y no transitorio", como también puede establecer el MVOT. 

Con Mónica Píriz, el sonado caso adjudicado en Nueva York y Yi, el informe da cuenta de un trato diferencial, detallando por ejemplo que no concurrió como el resto de los usuarios a atención al público, sino que fue recibida directamente por asesores de la ministra, a quienes conocía del Instituto Melchora Cuesta (vinculado a Cabildo Abierto).

En otro punto, la instructora habla de que Píriz citó una patología en la columna que databa desde 2017, pero que en el informe social elaborado en 2022 para obtener la vivienda, "nada dijo respecto a su estado de salud" ni el de su hija, sobre el que Irene Moreira había alegado "graves problemas de salud", y que "recién" los manifestó al ser citada a la investigación. 

"Llama la atención que los recaudos aportados por Moreira son idénticos a los presentados por Píriz, con la única salvedad de una nota de supuesta autoría de esta última, carente de firma y fecha cierta", cuestiona la instructora y agrega que tampoco fue reconocida por la autora. 

La cartera concedió también un alquiler con opción a compra en el complejo Cabrera que para la instructora "no cumplía con los requisitos de acceso". La familia no llegó a ocupar la vivienda. 

Otro caso, tal como informó Universal, involucraba a un exmilitar e integrante de una lista cabildante, a quien la secretaría de Moreira llegó a considerar "de interés" el otorgamiento de una autorización de ingreso –un permiso transitorio para acceder a la vivienda–, pero la familia devolvió las llaves a los dos meses de concedida. 

En el caso de una autorización de ingreso a vivienda en el complejo Idea Vilariño de Rivera –como informó El Observador, por intercesión de la diputada cabildante Nazmi Camargo– el informe social se hizo siete meses después de ese permiso. Además, el informe detalla que la misma familia había sido "desalojada por parte del MVOT a raíz de que no pagaban gastos comunes ni cuota mensual" en otro complejo, sin que hubiera "interés" en "poder regularizar la deuda". Fue por eso que incluso la oficina local en Rivera manifestó no estar de acuerdo con dicha resolución, ni tampoco con la continuidad de la familia en el programa".

El FA estuvo en regla

El ministro Lozano mencionó que también los gobiernos del FA desde 2009 habían reservado cupos en 74 ocasiones. Sin embargo, la resolución del jerarca cabildante omitió explicitar, como sí lo dejó en claro la instructora, que en ese período "no se realizaron adjudicaciones directas que no contemplaran los requisitos"

La investigación da cuenta incluso de tres casos derivados por jerarquías frenteamplistas de entonces, como la exdirectora de Vivienda, Lucía Etcheverry. Sin embargo, aclara que fueron siempre autorización de ingreso transitoria "a los efectos de 'evaluar o analizar' la situación del núcleo familiar", "mientras que en los casos analizados en el período 2020-2023, se solicitaba por la secretaría ministerial adjudicar el cupo reservado en un determinado complejo, y a determinadas personas"

La directora de Jurídica, en tanto, concluyó que “quedó acreditado que los 74 casos a los que se refirió (…) Jorge Ceretta en la comisión del Senado, se ajustaron en todo a reglamentación y se siguieron los procedimientos establecidos”.

La instructora también sugirió sumariar a los funcionarios Silvia Izmendi, Margarita Irigoyen, Pamela Laviña y Daniel Cafferatta, quienes "por su larga trayectoria" no debieron "mantenerse ajenos o indiferentes a que las familias derivadas por exministra no cumplían con los requisitos exigidos en la normativa"

Temas:

renuncia Irene Moreira Cabildo Abierto Raúl Lozano Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial Member

Seguí leyendo

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos