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Director de Vivienda defendió ante el Parlamento adjudicaciones directas y destacó la "sensibilidad" de Irene Moreira
El director de Vivienda, Jorge Ceretta, defendió ante el Parlamento el mecanismo de adjudicaciones directas por las que el presidente Luis Lacalle Pou removió semanas atrás a la ministra Irene Moreira.
El jerarca, del riñón de la hoy senadora de Cabildo Abierto, reivindicó la "sensibilidad" con que la cartera resolvió situaciones de vulnerabilidad por esta vía, lo que provocó "mucha incomodidad" en la delegación que concurrió el martes al Senado y este miércoles a Diputados, según reconstruyó El Observador.
El mecanismo –que el líder cabildante Guido Manini Ríos defendió en un primer momento pero que días más tarde aseguró que él mismo "no lo hubiera hecho"– ha propagado el malestar en la línea mayoritaria del partido, a la que pertenece el hoy ministro Raúl Lozano. El coronel retirado incluso evitó pronunciarse sobre lo actuado por su antecesora e indicó que aguardaría a los resultados de la investigación administrativa.
Ceretta, contador de profesión y nombrado en el cargo por Moreira, sostuvo ante la comisión de Vivienda del Senado que "a partir del 2009 se previó la posibilidad de la reserva de cupos", en línea con una argumentación emprendida en un inicio por Manini Ríos y mantenida hasta el día de hoy por Irene Moreira, pese a que reconoció que "con el diario del lunes" quizás "no fue la decisión más acertada".
El jerarca repitió varias veces a lo largo de su extensa comparecencia ante los senadores que la normativa había sido creada por los gobiernos del Frente Amplio, y aseguró que durante esas administraciones "se reservaron 74 viviendas". Fue el senador comunista Óscar Andrade quien salió al cruce al plantear que siempre "era a pedido de otra institución", como la Fiscalía para testigos protegidos y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). "No es que al ministro se le ocurre elegir a alguien, y menos a una persona vinculada partidariamente", arremetió.
El titular de la Dirección Nacional de Vivienda afirmó en tanto que en los casos constatados "hay personas de todas las afiliaciones políticas, de todos los orígenes, con vínculos laborales". "La persona por tener esa cercanía no pierde el derecho a la vivienda. De alguna manera entendemos que puede ser mirada con desconfianza, pero les puedo asegurar que en estos 14 casos hay personas con diversas afiliaciones", declaró al Senado.
Tras repasar la normativa del año 2009 en que Cabildo se amparó en un inicio –que no es aplicable a los casos en cuestión–, Ceretta reivindicó: "En función de todo lo reseñado, cumplimos con carácter general que el instrumento de la adjudicación directa no es contrario a derecho y que (...) no inhibe que la familia deba cumplir con requisitos de acceso a la vivienda en el marco de los programas".
El director de Vivienda también se amparó en la premisa de que "no existe norma legal que lo prohíba".
Ceretta expuso que el protocolo creado por el Ministerio de Vivienda en 2021 que reglamenta las adjudicaciones directas fue "una forma de ordenar las situaciones que se habían planteado de manera informal". "Acá estamos hablando de situaciones aisladas que se podían presentar y por la sensibilidad del ministerio se entendía que se debían buscar soluciones", alegó Jorge Ceretta.
Tras esta disertación, el ministro Lozano se limitó a decir que "la situación tiene que estudiarse". "Cuando la investigación termine, seguramente arrojará recomendaciones o sugerencias y, en base a ello, con responsabilidad y seriedad, este ministerio adoptará las decisiones que correspondan".
Más adelante en la comparecencia, el jerarca explicó que en el caso de las cuatro viviendas que ya hoy están ocupadas no se puede dar marcha atrás: "Si hiciéramos lo contrario, estaríamos sometiendo al Estado a que quienes fueran removidos de sus viviendas se puedan presentar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y según los informes jurídicos que he recibido, ganarían y sería una cifra realmente muy importante".
El senador del MPP, Sebastián Sabini, planteó a nombre de la bancada que a su entender "es ilegal" el procedimiento de Moreira. "La ministra no puede, por sí y ante sí, designar o establecer que una familia tiene que ser adjudicataria, más allá de que cumpla o no con las condiciones. Porque esa familia, si cumple con las condiciones, tiene que inscribirse en un sorteo", valoró. "Gente con necesidad y las características de ser adjudicataria hay muchísima: madres solteras con hijos y personas bajo la línea de pobreza, lamentablemente, más de 300.000", afirmó.
Una parte de la cúpula de Cabildo Abierto aguarda por las hallazgos de la investigación administrativa para resolver el cese del director de Vivienda, que mantiene el respaldo de Irene Moreira.
Qué se sabe de los casos
Ceretta explicó que hay cuatro casos con ocupación de vivienda por esta vía: tres con "autorización de ingreso" para entrar por un período de prueba de un año, con la posibilidad de evaluar la permanencia culminado ese plazo; y uno que es por alquiler con opción a compra. Hay un quinto caso –el sonado episodio de la militante cabildante en Nueva York y Yi– para el que había "resolución ministerial", pero el apartamento aún no se ha ocupado y la entrega quedó suspendida mientras se hacen los procesos administrativos.
A eso se suman otros cuatro que "ya no están en juego": "En algunos casos, la familia terminó por desistir, y en otros, no calificaban por distintas condiciones".
Otros casos "están a estudio", como "alguna persona que cuenta con informe favorable, pero el expediente todavía no culminó su proceso". Ceretta citó el ejemplo de un hombre con un "problema importante de salud que está casi en situación de calle", que por sus gastos médicos la "única posibilidad es acceder a alguna vivienda por medio de una autorización de ingreso".
"Para completar los catorce casos solo falta mencionar cuatro que no tienen siquiera número de expediente. Desde la secretaría se recibió la posibilidad de analizar a esas familias", concluyó el jerarca.
Desde el FA ponen la mira en el resto de los programas, como el Plan Juntos y la Agencia Nacional de Vivienda, en el entendido de que "si el mecanismo se abrió a todos los programas, entonces puede haber gente por todos lados", indicó a El Observador un dirigente.
