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Hay casi mil personas con realojos postergados en asentamientos, según la IMM
Casi mil personas que viven en asentamientos tiene los realojos suspendidos en Montevideo por falta de disponibilidad de fondos de parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). Así surge de la respuesta de la Intendencia de Montevideo ante un pedido de informes de la bancada del Frente Amplio en la Comisión de Asentamientos de la Junta Departamental capitalina a la que accedió El Observador.
Se trata de seis proyectos de realojo con procesos licitatorios en curso o culminados, cuya concreción deberá esperar ante la falta de financiamiento. A mediados del año pasado la cartera había debido reprogramar las obras dado el decreto 90/020 —firmado por el presidente Luis Lacalle Pou a comienzos de su gestión—, que topeó los gastos de distintas reparticiones de la administración central.
El subsecretario Tabaré Hackembruch había declarado en octubre que el gobierno recibió "un país con determinados problemas económicos, un déficit fiscal importante, y una deuda externa que condiciona las condiciones económicas". "En base a los recursos que vayamos teniendo se va a continuar con los realojos", señaló meses atrás el jerarca en diálogo con la prensa.
Desde esa cartera entienden que la anterior administración, encabezada por la frenteamplista Eneida de Léon, comprometió más recursos que los disponibles.
Asentamientos
"¿Cuáles son los proyectos en suspenso o demorados por solicitud del ministerio?", consultaron los ediles frenteamplistas de la Comisión de Asentamientos a la intendencia. La primer mención fue al asentamiento Alfonso Lamas y Barros Arana —a la altura de Flor de Maroñas—, donde 49 familias constituidas por 164 personas aguardan por la finalización del proceso licitatorio. 62 de ellas son menores de edad y diez presentan alguna discapacidad.
Lo mismo sucede con el asentamiento Servando Gómez —a la altura de Carrasco Norte—, para el que la comuna ya adquirió un terreno, según informó a los ediles. En ese barrio hay 50 familias esperando un realojo, constituidas por 156 personas. 66 de ellas son menores de edad y diez presentan alguna capacidad, detalló la IMM en su respuesta.
En el asentamiento El Progreso —a la altura de Malvín Norte— hay 46 familias para realojar. Ello significa 120 personas, siendo la mitad de ellas menores de edad y 18 con alguna discapacidad. Según consignó el Centro Cooperativista Uruguayo a comienzos de mayo, representantes de la comuna informaron a la comisión barrial que el gobierno departamental no cuenta con el cronograma financiero del MVOT.
A esta lista se suma una segunda etapa del realojo en Chacarita —a la altura de Punta de Rieles—, con dos convenios en curso. En el primero hay 20 familias para mudarse mediante el mecanismo de compra de vivienda usada, y otras 15 que accederían a la solución habitacional mediante viviendas nuevas. En este último programa hay 56 personas cuyo realojo está en suspenso, con 24 de ellas menores de edad y un individuo con discapacidad. El proyecto ejecutivo ya está culminado.
El segundo convenio implica la construcción de 106 viviendas. En este marco hay 364 personas para ser trasladadas, con 157 menores de edad y ocho con discapacidad. En su informe a los ediles frenteamplistas, la comuna detalló que "reasignó fondos a modo de préstamos para el pago de los avances mensuales para no detener las obras", al tiempo que aguarda por información sobre la disponibilidad de fondos del MVOT.
Por último, la IMM informó que quedó en suspenso —a pedido de la cartera por indisponibilidad de fondos— el realojo del asentamiento Siete Manzanas, situado junto al barrio Ituzaingó. Allí hay 68 personas a la espera, con 28 menores de edad y una en situación de discapacidad. El realojo estaba aún en la etapa de anteproyecto.
Todos los proyectos tuvieron su punto de partida en anteriores administraciones del MVOT.
Advertencia
"En la licitaciones donde las obras se encuentran en ejecución, los incumplimientos podrían acarrear responsabilidad civil frente a la empresa adjudicataria (intereses moratorios, reclamos de indemnizaciones contractuales, reclamación judicial por daños y perjuicios)", expuso la administración de Carolina Cosse en su respuesta a la Junta Departamental.
"La intendencia, sin comerla ni beberla, se puede terminar enfrentando a demandas civiles de las empresas a las que se le adjudicó obras que no se están ejecutando", declaró a El Observador el edil socialista, Nicolás Lasa, quien integra la Comisión de Asentamientos en el legislativo capitalino.
El dirigente cuestionó que a más de un año de gestión, "no queda claro cuál es la línea política del ministerio para este quinquenio". "Ya pasó un año y tres meses, ya pasó la luna de miel", acusó Lasa.
"En todos estos casos hay un proceso de trabajo social en territorio. Es incomprensible que los inicies y que después se retiren. Se supone que esto tiene que ser una prioridad", manifestó el edil socialista.
Deuda
La comuna expuso en su respuesta que "el monto a que ascienden las erogaciones realizadas" a su costo y que "deben ser reintegradas por el MVOT asciende a la suma de $ 133.791.425". La deuda de la cartera hacia el gobierno departamental fue uno de los ítems abordados por la intendenta Cosse en el documento con propuestas que entregó a fines de abril al presidente Luis Lacalle Pou, cuando los tres intendentes frenteamplistas concurrieron a Torre Ejecutiva.
La jefa comunal y el mandatario mantuvieron luego sucesivos encuentros mano a mano en la residencia presidencial de Suárez y Reyes.
