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"Venía directamente el caso mandatado": funcionarios de Vivienda apuntaron contra Irene Moreira por adjudicaciones directas
Tras la investigación administrativa por las adjudicaciones de viviendas durante la gestión de Irene Moreira, el actual ministro Raúl Lozano resolvió que los funcionarios implicados en los polémicos casos "serán pasibles de la sanción de observación, con anotación en el legado personal".
El jerarca cabildante entendió que no podían considerarse como "orden" o "mandato" los mails de su antecesora explicitando su "interés" en que se concedieran cupos reservados, aunque su decisión también supuso no llevar el tema a mayores y no acceder a la sugerencia de sumario escrita por la instructora de la investigación, Daiana Da Silva.
El hecho de hacer recaer la responsabilidad en funcionarios de menor rango suscitó críticas en el Frente Amplio, cuya diputada Cecilia Cairo lo catalogó como "una vergüenza". También se pronunciaron en contra el sindicato del Ministerio de Vivienda (MVOT) y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), bajo la premisa de que "traslada" a trabajadores "responsabilidades que le caben a los cargos políticos".
Sin embargo, dos de los cuatro funcionarios implicados fueron categóricos al ser consultados en el marco de la investigación administrativa sobre que ellos no podían ser señalados por las adjudicaciones.
"Quisiera destacar cómo buenos funcionarios a los que tocó actuar bajo un procedimiento u órdenes establecidos por las autoridades", apuntó Daniel Cafferatta, gerente del Área de Planificación y Gestión de Soluciones Habitacionales. El arquitecto era uno de los cargos más importantes debajo del propio director de Vivienda, Jorge Ceretta, quien redactó las circulares para instrumentar los procedimientos que tiempo más tarde le costarían el ministerio a Irene Moreira.
Cafferatta, quien fue asesor del hoy presidente Luis Lacalle Pou durante la campaña electoral, sostuvo que los funcionarios "estaban sujetos al mandato de la autoridad" y que "pese a ello han dado prueba de compromiso y buen trabajo institucional".
Según transcribió la instructora en un extenso cuestionario, el arquitecto dijo que "no quisiera que fuera afectado su legajo personal por situaciones derivadas por las autoridades", según los documentos procesados por El Observador. "Hay una responsabilidad institucional de las decisiones de las autoridades que no corresponde a los funcionarios", redundó.
"Venía directamente el caso mandatado", sentenció por su parte Patricia Laviña, directora de la División Articulación y Gestión de Soluciones Habitacionales de la Dirección Nacional de Vivienda. Por su cargo, Laviña era arrobada en todos los correos electrónicos en que Moreira bajaba su "interés" de que se adjudicaran las viviendas.
Al ser consultada sobre cuál era la normativa aplicable a la reserva de cupos de viviendas, respondió: "No sé si existe normativa. Es discrecional de las autoridades, a mí me venía la orden de la reserva de cupos, era un mandato de la autoridad".
Laviña sostuvo que las adjudicaciones directas "no solicitaban en los informes técnicos si correspondía o no", sino que "era un mandato". "En modo alguno la Asesoría de Planificación Operativa de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) le corresponde evaluar los casos de adjudicación directa, ni a ellos ni a nadie. Ya venían asignados".
En este plano contradijo directamente a la declaración de la propia Irene Moreira, quien remitió por escrito sus respuestas. "Si fue entregada la vivienda, es por que se contaba con un informe favorable de la Asesoría de Planificación Operativa de la Dinavi", contestó en un punto la hoy senadora de Cabildo Abierto.
Moreira justificó que "en todos los casos siempre" dispuso "la actuación de los servicios técnicos correspondientes". "Existieron casos en que las solicitudes fueron recibidas desde legisladores tanto oficialistas como de la oposición e incluso, en reiteradas ocasiones, desde la Presidencia de la República", afirmó la exjerarca.
La instructora Da Silva había concluido que "resultan acreditados actos irregulares de los funcionarios", "quienes incurrieron en la 'falta de la debida diligencia en su actuar'". La abogada enfatizó que por la "larga trayectoria" de los funcionarios involucrados en la cartera, "no pueden mantenerse ajenos o indiferentes a que las familias derivadas por la exministra no cumplían con los requisitos exigidos en la normativa (...), por lo cual deberían de haber manifestado mínimamente que dichos procedimientos no se ajustaban a derecho".
El ministro Lozano, en cambio, acusó que la abogada ""fue durísima con algunas adjetivaciones" tanto hacia la exministra como hacia los funcionarios implicados, pero que se trata de "interpretaciones". "No me parece que a un funcionario que tiene muchos años de servicio se le deba ensuciar su legajo con un sumario", declaró en Desayunos Informales.
