Interior propone que presos salgan a trabajar con permiso de la cárcel
Los jueces se oponen a la medida, y defienden que sea la Justicia la encargada de decidirlo
El gobierno pretende modificar por ley la forma en la que presos obtienen salidas transitorias para trabajar. Hoy, es la Justicia quien determina en qué casos y bajo qué condiciones se autorizan. Sin embargo, el Poder Ejecutivo intenta determinar que esa decisión sea tomada por los operadores carcelarios, lo cual abre una polémica entre ambos poderes del Estado.
Los jueces rechazan la iniciativa del gobierno, mientras el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, cuestiona a los operadores judiciales y señala que ponen palos en la rueda para que los reclusos trabajen. Distintos magistrados consultados por El Observador defienden el actual sistema y advierten que las resoluciones sobre los privados de libertad deben estar en la órbita del Poder Judicial.
La ley de trabajo de presos, incluida entre las medidas promovidas por el gobierno para mejorar la convivencia y señalada como una prioridad por el ministro Bonomi, abre el debate entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sobre la potestad de aprobar la liberación parcial de los reclusos.
El Ejecutivo propone reformular el actual sistema y que sean las autoridades penitenciarias quienes habiliten a los presos salir a trabajar, ya que el gobierno percibe la negativa de jueces a otorgar esos permisos. Por su parte, los magistrados advierten que mantener la decisión a nivel del Poder Judicial da mayores garantías al proceso.
Bonomi cuestionó el jueves el rechazo sistemático de un conjunto de jueces penales que niegan la salida transitoria de los presos de las cárceles cuando los reclusos solicitan incorporarse a un trabajo fuera del establecimiento. Por eso el gobierno pretende imponer un sistema donde la aprobación de salidas transitorias con motivos laborales sea resorte de las autoridades penitenciarias.
“La ley de trabajo que estamos haciendo plantea que dejen de ser los jueces los que habiliten a salir a trabajar y que sean las autoridades carcelarias como era antes”, dijo Bonomi durante una charla sobre seguridad organizada por Asamblea Uruguay. “Queremos que sea una comisión especializada pero que no sean los jueces. Porque hay jueces que dicen: no dejo a nadie. Aunque le digan que es bárbaro no lo dejan, entonces es un impedimento para que trabajen”, afirmó.
El rechazo
El ministro del Tribunal de Apelaciones en lo penal, Rolando Vomero, rechazó la iniciativa del Poder Ejecutivo y dijo que la decisión de habilitar salidas transitorias debe ser “resorte judicial”. “Me parece que el juez no puede ir por la calle y no saber por qué salió un preso”, sostuvo a El Observador.
El juez penal Luis Charles afirmó que “todas las consecuencias de la vida del privado de libertad tienen que estar sometidas a decisión del juez”. Explicó que los magistrados son los responsables de recluirlos y por eso deben tener potestad sobre la habilitación de sus salidas. Además dijo que todas las resoluciones de los magistrados son “fundadas” y por eso “la decisión final sobre la salida debe ser del juez”.
Por su parte, el juez penal Ricardo Miguez reconoció que delegar la decisión en los jefes penitenciarios alivianaría el trabajo en los juzgados, pero advirtió que la cercanía de los reclusos con el personal carcelario puede perjudicar la transparencia de la resolución.
“Mientras el juez toma la resolución desde afuera como un tercero imparcial, si hay un policía que se lleva mal con un preso, y ese propio policía después decide si sale o no sale, eso puede perjudicar”, explicó Miguez.
Vomero, que además es presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, advirtió que al ser las salidas transitorias un instrumento “imprescindible” para la reinserción de los reclusos, “requiere que se haga en forma detallada y minuciosa y no a granel”. “No me gusta que una resolución de ese tipo quede en manos de la Policía”, dijo. También recomendó cambiar el actual proceso escrito a uno oral. Señaló que este modelo individualizado aumenta las garantías.
Separación de reclusos
Durante una charla que brindó el jueves en la sede de Asamblea Uruguay, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reconoció que deben mejorarse las condiciones en que se atienden a los presos porque con los niveles de hacinamiento actuales es “imposible” rehabilitar personas. En ese sentido, sostuvo que el sistema debe diferenciar a quienes van a la cárcel a hacer “posgrados del delito” y quienes están arrepentidos.
“Si hay hacinamiento no se puede separar a los que están haciendo la carrera delictiva y la cárcel es un posgrado del delito de los que cayeron en la cárcel y es un trago amargo porque quieren pasar. Si a todos se los trata igual, todos van a hacer la carrera del delito. Entonces hay que separarlos y que nadie desde adentro le impida trabajar al que quiere trabajar o le impida estudiar al que quiere estudiar”, dijo Bonomi.El ministro advirtió que “una cárcel que produce 70% de reincidencia funciona mal en derechos humanos y en seguridad, porque el que va a la cárcel se perfecciona en cometer delitos”.
El Ministerio del Interior promueve convenios con la Cámara de la Construcción y el sindicato de obreros (Sunca) para que las empresas del rubro tomen en sus plantillas a reclusos en régimen de pasantías de tres meses. La propuesta es que los presos reciban el mismo salario que el resto de los trabajadores y que, si resultaron efectivos al servicio, al cabo del contrato las compañías los tomen de forma definitiva.
En ese sentido, Bonomi aseguró que además del trabajo, los reclusos también deben ampliar su formación intelectual.
