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Los resultados obtenidos hasta ahora en la política aplicada contra los grandes deudores por parte de la Intendencia de Maldonado se consideran auspiciosos y el plan de recuperación de activos sigue en marcha.

La División Jurídica de la comuna tiene en su poder 320 expedientes administrativos que contienen información proporcionada por la Dirección de Hacienda sobre adeudos por contribución inmobiliaria y en los próximos días comenzarán a realizarse nuevas intimaciones de pago a los propietarios de los inmuebles.

Si bien el paquete está integrado por padrones de distintas zonas del departamento, la mayoría se concentran en la península y otras áreas de la franja costera. El grueso de sus titulares son personas que no viven en Maldonado durante buena parte del año, entre ellos varios argentinos.

En la actualidad hay 290 juicios ejecutivos en marcha y a ello se sumarán las nuevas intimaciones a morosos, como paso previo antes de que sean enjuiciados. El director de Hacienda de la Intendencia, Pedro González dijo a El Observador que el criterio que se está utilizando como disparador para iniciar acciones de cobro tiene como base que los padrones involucrados acumulen una deuda de $ 100 mil en adelante.

Cuando el área de Asuntos Jurídicos recibe la lista de los deudores de inmediato inicia las gestiones ante Registros de Inmuebles para determinar quién es el propietario y luego proceder a la notificación. En esa etapa los contribuyentes tienen un plazo para cancelar sus deudas.

Durante el año 2010 se recaudaron $ 69 millones y en 2011 la cifra aumentó a $ 169 millones. Todavía no se tienen datos cerrados del monto recuperado en 2012. “Cuando empezó el período de gobierno se dio una facilidad de pago por el que se cancelaran muchas de las deudas y luego de finalizado se comenzó con la política de recaudación”, dijo a El Observador la directora de Asuntos Jurídicos de la Intendencia, María del Carmen Salazar.

De forma permanente se están iniciando juicios y finalizando otros porque la mayoría de los deudores concurren a la intendencia y pagan. Hasta ahora son una excepción los casos en los que se ha concretado el remate de los bienes. Algunos terminan con remates, pero son los menos. “Nos ha pasado incluso que cinco minutos antes del remate la persona aparezca con el dinero y pague. La inmensa mayoría cuando se les intima el pago vienen y cancelan antes que avancen los procesos”, dijo Salazar.

En el comienzo de la anterior administración el foco estuvo puesto en ejecutar los grandes deudores que en algunos casos sumaban hasta 20 y 25 años sin pagar los tributos inmobiliarios. Ahora el trabajo se concentra en padrones donde las deudas no llegan a los 10 años de atraso y que además es el límite a partir del cual las deudas prescriben. El plan de refinanciación permitió que se reincorporaran al circuito 12 mil contribuyentes. Vencidos los plazos se comenzó a informar a los propietarios y se recurrió a la vía legal, por orden de prioridad, para –de acuerdo a los montos adeudados– hacer efectivo el cobro.

Salazar considera que la situación actual está dentro de parámetros normales. “Hay mucha gente que especula con que van a venir amnistías o con la posibilidad de no pagar. La seguridad es que los procesos judiciales pueden llegar a ser lentos pero hay una política establecida para la recuperación de activos. Lo entendemos como una cuestión de justicia tributaria”, agregó la jerarca. Los juicios se pueden extender en promedio por un año, aunque en algunos casos pueden llegar a dos si existe apelación.
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