Jueces avalan paro pero dejan en suspenso aplicación de la medida

Se declararon en conflicto y pedirán al Ejecutivo que derogue la ley declarada inconstitucional

La moción de empezar una huelga a partir de mañana recibió 111 votos de 270 jueces que participaron ayer de una asamblea, pero igualmente los magistrados le dieron la potestad a la directiva de fijar un paro si no hay respuesta del Poder Ejecutivo frente a la deuda que mantiene con los magistrados de US$ 240 millones por un aumento salarial impago desde 2011.

Jueces que participaron de la asamblea informaron a El Observador que se declararon en conflicto con el Ejecutivo y le reclamarán la derogación de los artículos de la ley de presupuesto declarada inconstitucional en dos oportunidades. Los artículos 14, 15 y 16 de esa ley, No 18.996, desengancharon expresamente a los jueces de los ministros de Estado de un aumento salarial que les correspondía, ya que están equiparados por la ley.

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El Ejecutivo reconoció la deuda de US$ 60 millones anuales desde 2011, que abarca a los magistrados y también a los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y a los funcionarios judiciales (enganchados a los aumentos que reciban los jueces), pero no ha resuelto cuándo les va a pagar.

El martes 11, luego de una reunión que representantes del Ejecutivo mantuvieron con los ministros de la Suprema Corte de Justicia en busca a una solución al conflicto, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, dijo que en su opinión el tema debería quedar para la próxima ley de presupuesto, lo que significa trasladarle el problema al futuro presidente.

Según la versión de las fuentes, los jueces manejaron en la asamblea que hay dos posiciones dentro del Poder Ejecutivo, y que mientras Guerrero es partidario de dejar el tema para el próximo gobierno, el ministro de Economía, Mario Bergara, está afín a saldar la deuda cuánto antes.

Huelga si
Ante la incertidumbre de la fecha en la que cobrarán, decidieron tomar medidas. Además de dejar latente la huelga, realizarán una marcha y aguardarán a la nueva reunión que los ministros de la Suprema Corte de Justicia tendrán con representantes del gobierno en diez días.

Si el 24 de noviembre no hay respuesta del Ejecutivo, el 26 de noviembre realizarán la marcha. En la asamblea se escucharon mociones para llevar una Constitución en la mano, pero al final eso fue descartado.

También acordaron utilizar un distintivo simbólico en la vestimenta para dar a conocer que están en conflicto. Definirán en los próximos días qué utlizarán. Y por último, acordaron llevar a cabo una campaña masiva de información en los medios para explicar el conflicto.

La moción de realizar huelga a partir de mañana fue descartada porque la mayoría consideró que las medidas adoptadas “deben ser graduales”. No obstante, la asamblea entendió que esa medida de lucha es válida y mandató a la directiva a realizar un paro si pasan los días y no hay respuesta.

La histórica medida, ya que hasta ahora los jueces nunca realizaron paro, implicaría que sólo se mantendrían en las tareas los magistrados penales y de violencia doméstica que estén de turno, y dejarían de trabajar el resto de las materias.

A modo similar de como ocurre en la feria judicial, tanto de enero como de julio, se designarían un juez de cada materia para casos urgentes que podrían surgir, pero se suspenderían las audiencias, así como la emisión de sentencias interlocutorias y definitivas. “El paro sería total”, indicaron los presentes en la asamblea.

La asamblea leyó el resumen de un informe jurídico elaborado por los ministros de los tribunales de apelaciones Alicia Castro, Julio Posada y Rossina Rossi (dos de ellos expertos en derecho laboral) que concluyó que el derecho de huelga abarca a la magistratura.

Los ministros llegaron a esa conclusión tras estudiar el Pacto de Derechos Humanos de 1948, el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1965, la Constitución de la OIT y varios convencios del organismo, y artículos de la Constitución de la República. En el informe expresaron que no hay ninguna norma que limite el derecho de huelga ya que la Constitución determina que “lo no prohibido está permitido”.

Si bien hubo una moción que propuso que los jueces dejaran de intervenir en los asuntos judiciales en los que el Estado interviniera, se descartó por considerar que sería violatoria de la separación de poderes, consagrada en la Constitución.

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