Jueces e inspectores reclaman una ley de Faltas más precisa
Se cuestionan artículos sobre alcohol y conducción sin libreta
A un año de a la aplicación de la ley de Faltas Nº 19.120, representantes del Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y de intendencias reclaman que la norma sea modificada para remediar los problemas que han surgido en los juzgados por distintas interpretaciones ante infracciones en la vía pública, entre ellos, la validez de la espirometría.
Pero la diferencia no es fácil de constatar por parte del inspector. Las 19 intendencias comparten un registro de suspendidos por alcoholemia positiva pero todavía está pendiente la concreción del registro de infractores. Pablo Soca, representante de Policía Caminera, dijo que “en la ruta no se puede determinar la carencia u olvido”.
Para Máximo Oleaurre, director de Movilidad Ciudadana de la Intendencia de Maldonado, un olvido o, inclusive, el nunca haber tramitado un permiso de conducir, no debería imputarse como falta. “No correspondería hacer la denuncia”, afirmó. Y precisó: “Es grave que la persona conduzca con licencia suspendida”.
Estado de embriaguez
Otro punto de la ley Nº 19.120 que los expositores pretenden que sea revisado es el que refiere al “grave estado de embriaguez” con niveles de alcohol en la sangre superiores a 1,2 gramos por litro, dado que ese guarismo no ha sido suficiente para algunos jueces. En concreto, la jueza de paz departamental de Las Piedras de 1º Turno, Alicia Olivero, indicó que la descripción de “grave estado de embriaguez” depende de los efectos del alcohol en la persona. “La redacción no ha sido feliz”, apuntó.
Es por eso que se requiere en el juzgado la presencia de los inspectores en calidad de testigos, un hecho que no conforma a la IMM. Hugo Bosca, director de la División Tránsito y Transporte, había dicho a El Observador que “normalmente hay 10 o 12 inspectores declarando en el juzgado y eso nos genera una distorsión en los servicios”. Pero para Pírez, “no hay otra manera de probar” de que existió el hecho correspondiente a un “grave estado de embriaguez”.
Una posibilidad es que el conductor sea sometido a una alcoholemia a través de un examen de sangre, aunque desde la Unasev se sostiene que los espirómetros disponibles en plaza tienen una confiabilidad del 99%. Con todo, Soca afirmó que hay jueces y fiscales que solo aceptan la prueba de sangre, cuya realización implica una “cadena de custodia” para conducir a la persona a un centro de salud de forma inmediata.
Además, los magistrados coincidieron en que una nueva versión de la ley de Faltas debe incluir la presunción de culpabilidad ante una negativa de someterse a una espirometría.
El subcomisario Richard De Brum, coordinador departamental de seguridad vial de Treinta y Tres, vio en esto un “bache” legal. A modo de ejemplo relató el caso de un hombre que rechazó la espirometría luego de haber volcado su vehículo. Días después, confesó que lo hizo para “ahorrarse la ley de faltas”, dado que sí había tomado alcohol. Al negarse, “salió ganando”, dado que no tuvo que entregar la licencia por seis meses y el arreglo del auto lo cubrió el seguro.
El fiscal Romano opinó que el inspector o funcionario policial está habilitado para imputar desacato si la persona se niega al examen, como también puede convocar al juez al lugar del control.
Otros aspectos
Otras reformas solicitadas por los magistrados es precisar si la norma también se aplica a los acompañantes de motos sin casco, dado que ha habido diferentes pronunciamientos al respecto; y aclarar qué pruebas son válidas a la hora de procesar por la participación en picadas. Florida ha resuelto el problema mediante la filmación de los operativos.
Respecto a la falta correspondiente a la conducción al doble de la velocidad permitida, jueces y fiscales reclaman que el formulario de la denuncia aclare la dirección exacta de la supuesta falta. Por esta razón, un equipo interinstitucional está trabajando en el diseño de un protocolo y formulario específicos.
Demoras en la sentencia
La jueza de paz departamental de Las Piedras de 1º Turno, Alicia Olivero, señaló en el IV Encuentro Nacional Jurídico de la Seguridad Vial que “a veces pasan 3 o 4 meses” para que la persona sea citada para su fichaje y posterior derivación a la tarea comunitaria que debe realizar como condena. Esto provoca que algunos procesados no se presenten a la citación. Al no actualizar su prontuario, Olivera interrogó qué sucede entonces con los antecedentes de esa persona, por ejemplo, a la hora de presentarse a un cargo público. Desde la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (Osla) se dijo que todavía no se han firmado convenios con algunas intendencias y, por lo tanto, hay procesados que no han podido iniciar su sentencia. Olivero agregó que se han constatado casos de personas que han cumplido más días de los estipulados por el juez por falta de fiscalización de la Osla. “Veremos cómo actuamos con las reclamaciones”, apuntó.
