Jueza insistirá en pedir información a Argentina sobre casos de lavado K

Preocupa a Crimen Organizado la falta de cooperación de la Justicia argentina

La presidenta, Cristina Fernández, junto a Lázaro Báez, uno de los ejes de la denuncia de Lanata

En mayo del año pasado, El Observador reveló que Daniel Pérez Gadín, contador del empresario kirchnerista Lázaro Báez, preside la sociedad anónima que compró el campo El Entrevero en José Ignacio por US$ 14 millones. El negocio generó sospechas de lavado de dinero y la Justicia de Crimen Organizado comenzó pronto a investigar el caso. La jueza Adriana de los Santos envió un exhorto a la Justicia argentina a mediados del año pasado para obtener información que le permita avanzar en la causa, pero pasó más de un año y aún no ha recibido la información que solicitó, por esa razón, reiterará el pedido.

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, José Sbatella, quien investigó el caso, dijo a El Observador en diciembre pasado que los millones con que compraron el campo en Uruguay “se los ganaron con licitaciones” y que Báez puede justificarlo. Sin embargo, la cooperación judicial no llega y el caso sigue congelado.

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Sin cooperación internacional es imposible avanzar en este tipo de investigaciones sobre lavado de dinero, que involucran a dos o más países, porque para inculpar por blanqueo en Uruguay es necesario que exista un procesamiento por un delito precedente, que explique el origen del dinero que se lavó. Esa respuesta que no cruza el Río de la Plata impide que la investigación avance.

En la legislación uruguaya, los delitos precedentes de lavado de dinero son 22, entre ellos, el contrabando superior a US$ 20 mil, el tráfico ilícito y la trata de personas, el proxenetismo y la estafa. Pero no es delito precedente de lavado de dinero en Uruguay la evasión fiscal, delito que si lo es en Argentina.

Según constató El Observador el dueño del campo es Jumey, una sociedad anónima presidida por Pérez Gadín, contador de Báez, a quien la Justicia investiga como el presunto líder de la red de lavado asociada al expresidente Néstor Kirchner. La operación de Báez no fue sencilla. Del negocio participaron varios testaferros y dos sociedades anónimas (Traline y Jumey).

El juez especializado en Crimen Organizado, Néstor Valetti, concurrió en setiembre del año pasado a la Comisión Especial con Fines Legislativos Vinculados al Lavado de Activos y Crimen Organizado en para informar sobre el avance y las trabas de las investigaciones. “Puedo decir que se ha brindado la cooperación que se ha requerido desde Argentina; sin embargo, no se ha recibido respuesta a la cooperación que ha solicitado ese Juzgado a distintos Juzgados de la República Argentina sobre el tema. O sea que todavía se está a la espera; no ha existido reciprocidad”, explicó Valetti. Un año después, la situación es idéntica.

A su vez, la jueza De Los Santos investiga, junto al fiscal Juan Gómez, la compra de otro terreno. Se trata de un predio frente a la parada ocho de Playa Brava de Punta del Este vendido en US$ 16,5 millones. Parte de ese dinero fue transferido desde Uruguay a una cuenta de Helvetic Service Group, empresa vinculada a Báez, en el Principado de Liechtenstein, un paraíso fiscal europeo.

La jueza también solicitó información a Argentina sobre esa empresa y los empresarios implicados, pero tampoco ha recibido respuesta y, por ello, reiterará el pedido.

A este caso se suma otro que también implica a la cúpula del gobierno argentino. Valetti pedirá en los próximos días la extradición de Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, indagado también por lavado de dinero.

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