Justicia cita a la presidenta de UTE y al vicepresidente de Ancap por investigación de regasificadora

De ahora en más la Justicia dará inicio a las actuaciones, rigiéndose por el antiguo Código del Proceso Penal, y atendiendo la denuncia por las presuntas irregularidades en la gestión de Gas Sayago. Las empresas públicas entienden que hubo un perjuicio económico para el Estado que se pudo haber interrumpido, según insistió Emaldi.

La ratificación ya estaba prevista aunque aún no tenía fecha, y ahora también se le tomará declaración a los denunciantes, al tiempo que se reúnen las pruebas. UTE presentó la denuncia penal el 9 de julio de 2021 y, una semana después Ancap concurrió ante el Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno con una ampliación, con nuevos elementos sobre el manejo de Gas Sayago.

“Acá existió una ficción jurídica. Se quiso manejar el derecho público en el derecho privado creando una empresa (por Gas Sayago) para tener libertad. Y, en definitiva, los clientes eran las empresas públicas, los accionistas eran las empresas públicas y los que daban la fianza solidaria eran las empresas públicas”, dijo entonces Durand a El Observador.

Según constató una auditoría de la consultora PwC, las pérdidas en la construcción de la planta regasificadora durante el gobierno de José Mujica ascendió a US$ 213 millones. Además se sumarán gastos de juicios por el mantenimiento de pilotes ubicados en el Río de la Plata y de funcionamiento actual.

Según constató el análisis, en los gastos de Gas Sayago se destacan pagos de salarios entre 2012 y 2018 por US$ 10 millones y otros US$ 10 millones por consultorías.