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9 de julio 2021 - 15:12hs

La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y el abogado Jorge Barrera, presentaron este viernes la denuncia ante la Justicia por las irregularidades en la gestión de Gas Sayago. Se trató de un "perjuicio económico, grave para el Estado, con fondos públicos" que "se podrían haber interrumpido", expresó Barrera.

Añadió que "el directorio de UTE tenía la obligación de realizar esta puesta en conocimiento de la Justicia de hechos con apariencia delictiva porque si no lo hacía, incurriría en omisión". La demanda local no justificaba la existencia de ese proyecto, afirmó Emaldi.

Según constató un informe de PwC, las pérdidas en la construcción de la planta regasificadora durante el gobierno de José Mujica ascendió a US$ 213 millones. Además se sumarán gastos de juicios por el mantenimiento de pilotes ubicados en el Río de la Plata y de funcionamiento actual, señaló la jerarca, quien dijo: "Está documentado que el proyecto no era viable desde su inicio, luego hubo cuatro instancias claves donde ese proyecto podría haberse detenido".

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Y enumeró: "Cuando Argentina, en el año 2012 ya deja claro que ya no participaría en el proyecto, y su participación era del 50%; segundo, cuando en el año 2015 el contratista principal, por incumplimientos, abandona la obra y paga la garantía de US$ 100 millones" 

"En tercera instancia cuando habiendo fracasado el contratista principal y, meses después, se prosigue contratando consultoras para reformular el proyecto; y por cuarta vez, cuando se intenta buscar un socio, y se acerca Shell a las conversaciones. Y también definitivamente Shell se desvincula de ser parte del emprendimiento. Entonces, de alguna manera, todos estos hechos están detallados". 

Diego Battiste La presidenta de UTE Silvia Emaldi estuvo acompañada del abogado Jorge Barrera al presentar la denuncia
Según constató la auditoría, en los gastos de Gas Sayago se destacan pagos de salarios entre 2012 y 2018 por US$ 10 millones y otros US$ 10 millones por consultorías. "Acá hay elementos que son objetivos: el grave perjuicio económico, sucesión de actos arbitrarios y un abuso de poder". En estas circunstancias, puede existir delito de abuso de funciones, expuso el abogado.

 

Ahora la Justicia debe evaluar cuáles son las medidas a seguir. "Lo razonable es que haya una ratificación, y una declaración por parte de los denunciantes. Luego se comenzará a diligenciar toda la prueba, que son más de 600 páginas", dijo. 

Diego Battiste El penalista Jorge Barrera con la documentación que acompaña la denuncia penal

Tal como publicó El Observador, el 10 de junio el directorio de UTE definió la contratación de Barrera para la presentación de las actuaciones correspondientes y su seguimiento. También se decidió el envío del informe de auditoría a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), según informó el director del Partido Nacional en UTE, Felipe Algorta.

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