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La fórmula para liquidar Gas Sayago y qué rol jugará Jorge Barrera como asesor de UTE
El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para cerrar Gas Sayago en el corto plazo, y evitar que siga generando costos asociados al proceso de liquidación iniciado en diciembre de 2019.
El paquete accionario de la compañía privada creada para gestionar el proyecto de la planta regasificadora pertenece en un 79 % a UTE y en 21 % a Ancap. La iniciativa de ley propone que los activos y pasivos de Gas Sayago sean transferidos a UTE y Ancap de acuerdo a sus respectivas participaciones accionarias.
“Ambos entes autónomos serán considerados a todos los efectos como sucesores a título universal de Gas Sayago a prorrata de sus respectivas participaciones accionarias”, dice el texto del proyecto.
El segundo artículo del proyecto de ley exonera a UTE y Ancap de los pasivos actuales o futuros que la empresa posea o se devenguen por cualquier causa u origen con la Administración Nacional de Puertos (ANP), la Dirección General Impositiva (DGI), así como de los pasivos futuros que se devenguen con la Dirección Nacional de Aduanas.
El informe de auditoría de gestión de Gas Sayago realizado por la consultora PwC da cuenta que por cada año adicional que la sociedad permanezca en liquidación se deberían desembolsar US$ 3 millones para su funcionamiento, por concepto de arrendamientos y servicios profesionales.
Al 31 de diciembre de 2020 las pérdidas relacionadas al proceso de liquidación eran de US$ 5,6 millones. Ahí están incluidos gastos relacionados al arrendamiento del obrador con ANP, créditos de IVA compras perdidos debido al estado de liquidación de la sociedad y pagos por impuesto al patrimonio de los ejercicios comprendidos en el período de liquidación, entre otros. Además, se estima que la sociedad deberá incurrir en otros gastos no reconocidos en los últimos estados financieros por alrededor de US$ 1,5 millones.
El emprendimiento de Gas Sayago implicó hasta la fecha una pérdida de US$ 213 millones, los cuales se financiaron con US$ 113 millones aportados por el Estado a través de sus accionistas, y con US$ 100 millones del cobro de una garantía tras la recisión por incumplimiento del contrato principal con el consorcio GNLS.
Además, se estima que la empresa deberá incurrir en desembolsos futuros por concepto de juicios en los que litiga por US$ 37 millones. También se han registrado US$ 8 millones como provisión por desmantelamiento de los 71 pilotes ubicados en el Río de la Plata. Y la deuda con ANP por arrendamiento de 7 hectáreas es de US$ 872.260.
Tras la salida de GNLS en 2015 y luego de varios intentos por reestructurar el proyecto, en abril de 2018 el gobierno decidió no extender el memorándum de entendimiento que había firmado en 2017 con la multinacional Shell para la eventual construcción y explotación de una planta regasificadora de menor porte que la original en Punta de Sayago. Y eso le puso la tapa al proyecto.
Luego, a mediado de 2018 se pusieron a la venta la totalidad de las acciones de Gas Sayago, pero luego de cuatro prórrogas su Directorio canceló la licitación, tras la decisión de ANP de rescindir unilateralmente la concesión del álveo y su espejo de agua en el Río de la Plata necesarios para la construcción y operación de una terminal de recepción, alamacenamiento y regasificación de gas natural. Ese mismo año se dispuso la disolución y liquidación de la sociedad
UTE contratará a Jorge Barrera
Por otro lado, el Directorio de UTE anunció el martes que elevará a la Fiscalía los detalles de la auditoría externa que encargó a la firma PwC sobre la gestión de Gas Sayago.
Y en la sesión de este jueves se definió la contratación del abogado penalista Jorge Barrera para la presentación de las actuaciones correspondientes y su seguimiento. También se decidió el envío del informe de auditoría a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), según informó el director del Partido Nacional en UTE, Felipe Algorta.
Según se desprende de la auditoría, quedó en evidencia que el proyecto "no era viable" desde sus inicios. "No se entiende las razones de fondo para insistir durante 4 años con la permanencia del proyecto, cuando ya estaba demostrado que era inviable", señaló el Directorio.
Y entre otros puntos, con respecto a los procesos de contratación, en el informe de la auditoría se señalan observaciones al proceso de adjudicación de la obra del gasoducto a la brasileña OAS. Según se afirma, “esta empresa no acreditó los requisitos mínimos requeridos”.
