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La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, anunciando el pasaje de la auditoría a la Fiscalía.

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Auditoría: los masajes y la pérdida millonaria de Gas Sayago pasan a Fiscalía

El negocio terminó con una pérdida mínima de US$ 213 millones y se detectaron serias carencias a la hora de analizar su viabilidad y riesgos, según UTE 

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08 de junio de 2021 a las 17:48

El Directorio de UTE anunció este martes que elevará a la Fiscalía los detalles de auditoría que encargó a la firma PwC sobre la gestión de Gas Sayago. Según documentación que presentó la empresa estatal, este negocio implicó una pérdida de US$ 213 millones, los cuales se financiaron con aportes por US$ 113 millones por sus accionistas UTE y ANCAP. Los restante US$ 100 millones los puso el privado que dejó el proyecto inconcluso y debió pagar una multa por ese monto. 

De todas formas, se aclaró que ese monto (por los US$ 213 millones) no está cerrado, ya que deben agregarse las "eventuales condenas"; Gas Sayago enfrenta demandas por US$ 37 millones. Además, deberá hacerse cargo de retirar los pilotes ubicados en el Río de la Plata que demandarán US$ 8 millones, a lo que hay que sumarle US$ 3 millones de gastos por año en el funcionamiento de la empresa mientras se procede a su liquidación, informó UTE. 

El Observador había divulgado un adelanto de esta auditoría donde se detectaron algunos gastos llamativos en viajes, maestrías y hasta clases de gimnasia laboral y masajes, entre otros. 

Según se desprende de la auditoría, quedó en evidencia que el proyecto "no era viable" desde sus inicios. "No se entiende las razones de fondo para insistir durante 4 años con la permanencia del proyecto, cuando ya estaba demostrado que era inviable", señaló el Directorio. 

PwC no detectó la existencia de que UTE o Ancap hubieran aprobado un plan de negocios para la regasificadora y ni siquiera un estudio integrado que combinara la factibilidad del proyecto, el modelo económico financiero y el proceso de toma de decisiones para la adjudicación de los principales contratos. 

"No se entiende que un proyecto de esta magnitud pudiera llevarse adelante sin estudios de viabilidad, análisis de sensibilidad ni evaluación de los principales riesgos, lo que queda demostrados con los resultados obtenidos", indicó UTE. 

El ente recuerda que la viabilidad del proyecto era la participación de Argentina, algo que en 2012 era claro había quedado por el camino, ya que no aportó el capital para construir la sociedad. Además, en paralelo el gobierno de la época estaba construyendo parques eólicos por más de 1.000 MW, los cuales eran suficientes para abastecer la demanda de energía del país. 

La presidenta de UTE Silvia Emaldi antes de la conferencia de prensa.

Adjudicación de obra

Con respecto a los procesos de contratación, en el informe de la auditoría se señalan observaciones al proceso de adjudicación de la obra del gasoducto a OAS. Según se afirma, “esta empresa no acreditó los requisitos mínimos requeridos”.

La información divulgada por UTE agrega que “los resultados de incumplimiento de OAS también fueron comprobados". "OAS también subcontratista de GNLS  (adjudicatario integrado por GDF Suez y la japonesa Marubeni) incumplió con sus obligaciones”.

Además, se hace referencia a la compensación que el consorcio GNLS pagó como multa para rescindir el contrato firmado en 2013. Se indica que desde el cobro de los US$ 100 millones en 2015 y hasta diciembre 2019 en que comienza el proceso de liquidación de Gas Sayago, “en lugar de dar por finalizado el proyecto se persiste durante 4 años en mantenerlo con el objetivo de encontrar un socio, lo cual nunca se efectivizó”.

Esto hizo que de los US$ 100 millones de la garantía US$ 20 millones fueran destinados a gastos de administración, US$ 36 millones al pago de préstamos, US$ 23 millones al pago de impuesto a la renta y  US$ 21 millones al pago de activo fijo.

Gastos superfluos

El reporte divulgado por el Directorio da cuenta que se abonaron US$ 10 millones por concepto de consultorías, y también unos US$ 10 millones fueron las remuneraciones abonadas entre 2012 y 2019.
Sobre este punto, se explica que, según la encuesta de remuneraciones de PWC, la escala salarial se basaba en remuneraciones superiores a las del mercado. “En particular, el salario del Gerente General se ubicaba un 30% por encima de la mediana del mercado hasta el año 2016”, dice el reporte.
Por otro lado, se explica que los funcionarios contaban con una serie de beneficios. Entre esos beneficios se computan gastos por viajes al exterior (US$ 290 mil), capacitación que incluía maestrías y posgrados (US$ 247 mil), gastos de alimentación (US$ 212 mil), pago de aguinaldos dobles y  indemnizaciones especiales por despido, “entre otros gastos superfluos”.   
"Este proyecto tuvo múltiples instancias de detenerse porque no era económicamente viable. Se sobredimensionaron ingresos y se subestimaron egresos lo que generó un grave daño patrimonial al Estado”, afirmó el Directorio de UTE.

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